CGR emite pronunciamiento y complementa dictámenes sobre autorización de reuniones públicas.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un grupo de diputados- precisar los alcances de las facultades de orden público de los intendentes y gobernadores.

Sobre el particular, los parlamentarios adujeron que, con motivo de la movilización organizada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga para formular sus requerimientos al Gobierno Central y en virtud de lo ordenado por las intendencias regionales respectivas, la autoridad policial impidió el ingreso de los camiones a los núcleos urbanos de Chillán, Linares, Talca, Curicó y Rancagua, conculcándose, en su concepto, la libertad ambulatoria que garantiza el N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Agregan que, asimismo, a la caravana de camioneros se le prohibió acceder a las bencineras de la ruta 5 a la altura de San Rafael, lo cual habría obedecido a lo mandatado por “quien tiene a su cargo la función de gobierno en la región del Maule”.

En primer lugar, el ente de control sostiene que, sobre las atribuciones de los intendentes y gobernadores, es necesario analizar la normativa y jurisprudencia que regula cuatro materias: las facultades de los intendentes, las atribuciones de los gobernadores, el reglamento sobre reuniones públicas y, por último, la situación especial en que se encuentra la Provincia de Santiago de la Región Metropolitana.