CGR se pronuncia sobre designación de fiscal a raíz de una denuncia contra funcionarios de la UAF.

Se solicitó a la Contraloría General de la República que designara un fiscal de su Unidad de Sumario para que indague y determine la responsabilidad administrativa que pueda afectar a los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, UAF.

El solicitante aduce que los servidores en cuestión incumplieron sus deberes y vulneraron lo dispuesto por los artículos 61, letra k), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y 175, letra b), del Código Procesal Penal, al no informar al Ministerio Público los hechos que fueron reportados por una empresa que realiza la actividad de bróker -en orden a que los directivos de la compañía AC INVERSIONS estaban realizando operaciones que podían revestir el carácter de delito-, y al no fiscalizar las transacciones de otras entidades del mismo giro que individualiza.

Por su parte, la UAF informó que frente a los reportes de operaciones sospechosas, ROS, recibidos de acuerdo con el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea a ese servicio público, se realiza un proceso de inteligencia financiera con la finalidad de detectar indicios de lavado de activos financieros o de financiamiento al terrorismo, y que solo en caso de estimarse por parte del Director de esta institución que existen tales pistas, el artículo 2° del mismo texto legal faculta a esa jefatura para remitir un informe al Ministerio Público. Agrega que de acuerdo con los artículos 1° y 2°, inciso tercero, y 13, inciso primero, de la Ley N° 19.913, si producto de las indagaciones realizadas no se detectan señales de alguno de esos delitos, no puede enviar información al Ministerio Público, interpretación que emana de la historia fidedigna de dicho cuerpo legal.