Trato directo.
CGR se pronuncia sobre la juridicidad de las contrataciones celebradas por la DGA, vía trato directo, para la instalación de un iglú y la reparación de refugios emplazados en Campos de Hielo Sur.
El ente contralor concluye que las contrataciones en cuestión carecen de la debida motivación y, por tanto, no se ajustan a derecho.

La senadora Yasna Provoste solicitó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de las contrataciones celebradas por la Dirección General de Aguas, vía trato directo, para la instalación de un iglú y la reparación de unos refugios emplazados en Campos de Hielo Sur.
En su presentación señala que el iglú habría sido instalado en un lugar distinto al previsto en el contrato. Además, que no habría noticia sobre las mantenciones de los refugios, “por lo que surge la duda que dichas actividades efectivamente se hayan realizado durante el 2019”. Razón por la cual solicita se verifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa seleccionada para la ejecución de dichos convenios.
Requerido informe, la DGA señaló que los aludidos contratos fueron celebrados por trato directo, en conformidad a los artículos 8 de la Ley 19.886 y el artículo 10 Nº7, letra l), de su reglamento, toda vez que, las ofertas presentadas en los respectivos procesos licitatorios fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con el puntaje mínimo exigido en sus bases.
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