Probidad administrativa
Contraloría imparte instrucciones sobre sumarios a funcionarios que viajaron con licencia médica
Emite directrices para investigar posibles infracciones detectadas. Se debe priorizar la investigación sobre la aceptación de renuncias. Las autoridades pueden retener renuncias por hasta 30 días si hay indicios de faltas graves. Se establecen criterios para la designación de fiscales y la realización de investigaciones. Se enfatiza la importancia del debido proceso y los trámites esenciales en los sumarios.

La Contraloría General de la República emitió un dictamen a través del cual imparte instrucciones sobre procedimientos disciplinarios destinados a determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades comprometidas en los hechos observados en el consolidado de información circularizada (CIC) N°9, de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica.
Señala el dictamen que cada autoridad deberá tener presente que conforme a lo ordenado en el dictamen N°E377.053, de 2023, los organismos y servicios públicos deberán privilegiar investigar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas por sobre una pronta tramitación de la renuncia de un funcionario, cuando existan indicios o sospechas de que este haya incurrido en infracciones al principio de probidad o faltas a las obligaciones funcionarias que ameriten, de acuerdo con los antecedentes de que se dispongan, que deba instruirse un sumario administrativo, procedimiento disciplinario que -en tal evento- deberá ordenarse antes de que se haga efectivo el cese por renuncia.
Hace presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 147, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, al igual que en artículo 145 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la autoridad podrá retener, por un máximo de treinta días, la renuncia presentada por un funcionario en todos aquellos casos de que éste se encuentre sometido a un sumario administrativo del cual se desprendan antecedentes fundados que hagan prever la posible aplicación de la sanción de destitución.
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