¿Seguridad pública o justicia penal adolescente? El debate sobre el endurecimiento del régimen de responsabilidad penal adolescente frente a delitos graves

1. ¿Qué problema jurídico o de política criminal considera que busca resolver el proyecto de ley y estima que las modificaciones propuestas responden adecuadamente a ese diagnóstico?

El proyecto busca enfrentar el aumento de la participación de adolescentes en delitos de alta connotación social, particularmente homicidios, robos con violencia, secuestros y delitos vinculados al crimen organizado. El diagnóstico es que el régimen vigente, diseñado prioritariamente con fines de reinserción, presenta limitaciones para responder de manera proporcional frente a conductas de extrema gravedad. Las modificaciones son adecuadas porque no eliminan el sistema especializado, sino que ajustan determinadas reglas para que la respuesta penal sea proporcional al daño causado, fortaleciendo la confianza pública en la justicia y entregando herramientas más eficaces para enfrentar formas de criminalidad juvenil cada vez más complejas.

2. El proyecto propone modificar el régimen vigente de responsabilidad penal adolescente para fortalecer la respuesta frente a determinados delitos graves. ¿Considera que las medidas contempladas son compatibles con los objetivos de la Ley N.º 20.084? ¿Por qué?

Sí. La Ley N.º 20.084 tiene como objetivo principal la responsabilidad penal con una orientación educativa y de reinserción social. Sin embargo, esos fines deben coexistir con otros principios del derecho penal, como la proporcionalidad de la sanción, la protección de la sociedad y los derechos de las víctimas. Fortalecer la respuesta frente a delitos excepcionalmente graves no significa abandonar la reinserción, sino reconocer que existen casos donde la gravedad del hecho exige una reacción más intensa del Estado, manteniendo siempre programas especializados durante el cumplimiento de la sanción.

3. ¿Qué principios o bienes jurídicos estima que se encuentran principalmente involucrados en esta discusión y cómo deberían armonizarse en el diseño de una? Principalmente, el interés superior del adolescente, reinserción social, proporcionalidad de la pena, igualdad ante la ley, protección de la vida e integridad física, seguridad pública y derechos de las víctimas. La armonización debe lograrse evitando soluciones extremas. El sistema debe seguir siendo especializado, pero también ofrecer respuestas proporcionales cuando se afectan bienes jurídicos fundamentales como la vida o la integridad física.

4. ¿Cuáles considera que son los límites que debe respetar el legislador al reformar el sistema de responsabilidad penal adolescente, particularmente cuando se busca responder a delitos de especial gravedad?

La Constitución, los tratados internacionales sobre derechos del niño, el principio de proporcionalidad, el principio de especialidad de la justicia juvenil, el debido proceso y la prohibición de penas crueles o degradantes. Lo anterior no impide aumentar sanciones o modificar reglas de cumplimiento respecto de delitos graves, siempre que el sistema continúe considerando la condición de desarrollo del adolescente y preserve mecanismos efectivos de reinserción.

5. De aprobarse el proyecto, ¿Qué efectos prácticos podría tener para el funcionamiento del sistema de justicia juvenil, particularmente respecto de los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil?

Una respuesta penal más eficaz frente a delitos violentos, una mayor utilización de medidas privativas de libertad para casos graves, una necesidad de fortalecer al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil con mayores recursos y programas especializados, un incremento de la carga de trabajo para tribunales, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública y mayor coordinación interinstitucional. Si la reforma va acompañada de recursos suficientes, puede mejorar la capacidad del sistema para enfrentar delitos complejos sin sacrificar la especialización.

6. Quienes sostienen una postura distinta a la suya afirman que este proyecto, por una parte, fortalece la seguridad pública o, por otra, debilita el carácter especializado de la justicia penal adolescente. ¿Cuál es su respuesta frente a ese planteamiento?

No comparto esa afirmación. El proyecto no elimina el sistema especializado ni equipara completamente a los adolescentes con los adultos. Lo que hace es reconocer que determinados delitos generan consecuencias especialmente graves para la sociedad y requieren una respuesta proporcional. La especialización no debe confundirse con una reducción automática de la responsabilidad. Es perfectamente posible mantener tribunales especializados, programas de reinserción y garantías reforzadas, junto con sanciones más severas para hechos excepcionalmente graves. Desde otra perspectiva, quienes sostienen que fortalece la seguridad pública tienen razón en cuanto entrega herramientas adicionales para enfrentar fenómenos como el crimen organizado, aunque la reforma por sí sola no resolverá el problema si no se complementa con políticas preventivas y sociales.

7. Si este proyecto se aprobara en los términos actualmente propuestos, ¿Cuál cree que sería su principal efecto en el sistema chileno de responsabilidad penal adolescente y en la protección de los derechos involucrados?

Su principal efecto sería fortalecer la legitimidad del sistema de responsabilidad penal adolescente al entregar una respuesta más proporcional frente a delitos graves. Además, aumentaría la percepción de justicia para las víctimas, reforzaría la prevención especial y general respecto de delitos violentos, mantendría la reinserción como objetivo, pero con mayor énfasis en la responsabilidad por hechos especialmente lesivos. El éxito de la reforma dependerá de que venga acompañado de programas efectivos de intervención, educación, salud mental y reinserción, evitando que el endurecimiento de las sanciones se transforme únicamente en un aumento del encarcelamiento.