Tribunal de Contratación Pública declara ilegal y arbitraria licitación pública porque oferente adjudicado no acompañó programa de gestión de riesgos en el trabajo.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación interpuesta por una empresa oferente contra la Municipalidad de Castro, con motivo de la licitación pública para proveer servicios de aseo y barrido de calles para la comuna.

Resuelve que la adjudicación del proyecto es arbitraria e ilegal, pues el oferente beneficiado no cumplió con el requisito de admisibilidad que exige acompañar un programa de gestión de riesgos en el trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 6 inciso cuarto de la Ley N° 19.886, que regula los proyectos que se desarrollan en bienes nacionales de uso público, en relación con el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Agrega que el artículo 8 de la Ley N° 16.744, señala que se entenderá por “sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” al conjunto de elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos los trabadores.