Camila Rizik Hasbún, abogada y profesora de Derecho Penal: “El primer gran problema que avizoramos en la propuesta rechazada es que ya no sería la Corte de Apelaciones quien conozca del recurso, sino que el Tribunal de la instancia, el que posteriormente sería determinado por la ley”.

Por Débora Priscila Flores R. Universidad San Sebastián

1. ¿Se propuso reemplazar el actual recurso de protección por la acción de tutela de derechos fundamentales, estaba de acuerdo con esa propuesta?

El recurso de protección es sin lugar a duda, un medio expedito para reclamar en contra de vulneración de derechos y garantías Constitucionales sea que esa amenaza provenga de otro particular o del propio Estado. Dicho lo anterior, no me parecía positivo el cambio, ya que se elimina una institución que funciona, por otra institución, que incorpora más escoyos para su ejercicio. El primer gran problema que avizoramos es que ya no sería la Corte de Apelaciones quien conocería de la nueva acción de tutela, sino que el Tribunal de la instancia, el que posteriormente sería determinado por la ley que, de acuerdo con el texto constitucional propuesto son tribunales de la instancia los civiles, penales, de familia, laborales, entre otros y demás que determine la ley. Lo que transformaría la acción cautelar actual, que además de eficaz es de muy rápido conocimiento por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, a un procedimiento sumario, es decir, un procedimiento ordinario y formalizado, lo que, en extensión temporal, sería con creces superior a la duración que en promedio tienen la acción de protección vigente. La que además de su rapidez y eficacia, completa la posibilidad de adoptar todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, lo que se materializa a través de la orden de no innovar, que tiene como efecto principal el paralizar la actividad del agraviante mientras el recurso es resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva.