Luis Vergara Cisterna, Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal, de la U. de Chile, Doctorando en Derecho en la UCEN: «Es evidente que no ha existido el interés político de los distintos gobiernos para impulsar, de forma seria, una ley de ejecución penal en Chile».

Por Sebastián Alonso Caripan Gracia, U. Central

Todo lo que hoy en día respecta al tratamiento del régimen penitenciario en Chile se encuentra expresamente regulado en una normativa de rango inferior a la ley, la cual se consagra a través del ejercicio de la potestad reglamentaria que emana del poder ejecutivo. Entre esta normativa, encontramos el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, cuyo texto se contiene en el Decreto Supremo N°518, del año 1998, del Ministerio de Justicia, el cual sería un equivalente a una “LEY GENERAL PENITENCIARIA”.

Este Reglamento no solo se refiere a la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, sino que también a la ejecución de la pena. Ello denota una escasa, o más bien nula preocupación sobre una materia sensible como lo son los derechos de las personas privadas de libertad, pudiendo concluirse que, la legislación chilena no tiene mayor interés en respetar las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad, como tampoco dar un trato digno a estas, siendo la población penal tratada como personas de segunda categoría.