Jorge Alessandri: "¿Está logrando el Congreso transformar las leyes de seguridad y reactivación económica en resultados concretos?"

Por Fernanda Espinoza

La seguridad pública, el combate al crimen organizado y la reactivación económica se han instalado entre las principales preocupaciones del debate nacional, planteando importantes desafíos al Congreso y al Gobierno. En los últimos años, la agenda legislativa ha incorporado diversas iniciativas destinadas a fortalecer la persecución penal, mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y generar condiciones más favorables para la inversión y el empleo. Sin embargo, más allá de la aprobación de nuevas leyes, surge una pregunta fundamental: ¿en qué medida estas reformas están produciendo resultados concretos para la ciudadanía?

En materia de seguridad, el debate ya no se limita a determinar si el país necesita nuevas herramientas legales, sino también a evaluar la eficacia de las existentes. La capacidad operativa de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, la disponibilidad de recursos e infraestructura, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación entre las instituciones aparecen como factores decisivos para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. En este escenario, resulta necesario examinar si las dificultades responden a vacíos normativos, problemas de implementación o limitaciones estructurales del Estado.

En el ámbito económico, las interrogantes apuntan a la efectividad de las medidas legislativas orientadas a impulsar la inversión, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la creación de empleo. El desafío consiste en determinar si estos esfuerzos están generando cambios perceptibles para las empresas, los trabajadores y las familias, o si persisten obstáculos que impiden traducir las reformas legales en crecimiento y mayores oportunidades.

A estas preocupaciones se suma el desafío de la gobernabilidad en un Congreso políticamente fragmentado, donde la construcción de acuerdos resulta fundamental para avanzar en materias de interés nacional. La relación entre las prioridades ciudadanas y la agenda parlamentaria, las dificultades para alcanzar consensos y la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones forman parte de una discusión que también exige examinar las responsabilidades de los distintos actores políticos.

En este contexto, Diario Constitucional conversó con Jorge Alessandri Vergara, abogado, diputado por el Distrito 10 —que comprende las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja— y actual presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Con una amplia trayectoria legislativa, ha presidido la Comisión de Seguridad Ciudadana y formado parte de la Comisión de Constitución, desarrollando una labor parlamentaria centrada en materias de seguridad pública, legislación penal, fortalecimiento institucional y fiscalización. La entrevista aborda los resultados de la agenda legislativa en seguridad y economía, las dificultades para implementar las leyes aprobadas y los desafíos de alcanzar acuerdos políticos en un Congreso fragmentado, con una pregunta de fondo: ¿está siendo capaz el Estado de transformar las reformas legales y las decisiones políticas en soluciones efectivas para las principales preocupaciones de la ciudadanía?

1. Más allá del número de leyes aprobadas, ¿qué resultados concretos puede mostrar la agenda legislativa de seguridad? ¿Existen indicadores que permitan demostrar que las nuevas normas están contribuyendo a reducir los delitos de mayor connotación social o todavía es prematuro hablar de resultados?

En lo que va del año, han sido aprobadas leyes que son fundamentales en materia de seguridad. Una de ellas, y quizás la más importante, es aquella que regula las reglas del uso de la fuerza para nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Fuerzas Armadas, que llevaba años en tramitación.

Estas reglas, consagran una cuestión primordial en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, que es el principio de racionalidad. Como Estado no podemos enfrentar a los delincuentes en igual de condiciones, por lo que este principio les permite a nuestras Policías y Fuerzas Armadas el ejercicio de una fuerza “racional”, lo que quiere decir, que, según las circunstancias, el uso de la fuerza que hace un Carabinero, por ejemplo, puede iniciarse en cualquiera de los grados establecidos, que van desde la presencia hasta la utilización de fuerza potencialmente letal.

Lo anterior es un gran avance.

Ahora, respecto a tu pregunta sobre las cifras, me gustaría destacar una cosa antes. Lo que se ha ido haciendo en estos meses, es generar un respaldo legislativo a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Fuerzas Armadas. Cuando un Carabinero sale a cumplir con su deber, sabe que cuenta con el respaldo de la autoridad y eso no es menor.

Las cifras por otra parte han mostrado grandes mejoras. En el último

balance de seguridad pública de 2026 presentado por el Ministro Arrau, se dio cuenta de una reducción de los delitos gracias al aumento del control fronterizo y la desarticulación de bandas criminales. Se han registrado menos homicidios que en comparación al año anterior, lo mismo con robos violentos y robos violentos de vehículos.

2. Si ya se han aprobado nuevas herramientas legales para enfrentar la delincuencia, ¿qué está impidiendo obtener mejores resultados? ¿El principal problema es una legislación insuficiente, dificultades en su implementación, falta de recursos o debilidades en inteligencia y coordinación institucional? ¿Quién debe responder por esas falencias?

Se han obtenido mejores resultados, tal como comenté a propósito de la pregunta anterior. Se ha logrado una gran disminución en las cifras de homicidios y robos violentos, se ha aumentado el decomiso de sustancias ilícitas en los puertos y puntos estratégicos del país.

Estos resultados demuestran un cambio en la forma de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

3. En un Congreso fragmentado, ¿es posible construir acuerdos duraderos en materias estratégicas o la confrontación política termina imponiéndose sobre las necesidades del país? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos y sus parlamentarios en las dificultades para alcanzar consensos y asegurar gobernabilidad?

Debe ser posible. Tenemos la obligación de sentarnos a conversar y llegar al mejor acuerdo posible por el bien de Chile. Nuestro país y nuestros ciudadanos así lo exigen.

Se han dado pasos relevantes para favorecer aquello, recientemente fue aprobada una ley que realiza modificación a nuestro sistema político. Buscando combatir la fragmentación, esta ley establece que los partidos políticos existirán legalmente si se constituyen en al menos 8 regiones del país y para ello, requerirán contar con la firma de un 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección de diputados, entre otras cosas.

4. ¿Tiene Chile la capacidad real para aplicar las leyes de seguridad que aprueba? ¿Cuentan Carabineros, la PDI y Gendarmería con los recursos, personal, infraestructura y tecnología necesarios, o existe una brecha entre las exigencias que establece el legislador y los medios que el Estado entrega para cumplirlas?

Nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, así como también nuestras Fuerzas Armadas, se encuentran capacitadas, tanto profesionalmente como en materia de infraestructura, para cumplir con el deber que la Constitución y las leyes manda. Han dado sobrada prueba de ello.

Obviamente existen una serie de desafíos, sobre todo en materia de tecnología que exigen una permanente actualización y no me cabe duda y así me consta, de que están en un constante perfeccionamiento.

5. En materia económica, ¿qué resultados concretos ha producido la agenda legislativa destinada a impulsar la inversión, agilizar los permisos y fomentar el empleo? ¿Qué avances pueden percibir las empresas y los trabajadores, y qué obstáculos siguen frenando la reactivación económica?

Hace más de 40 años que en Chile no se bajaban los impuestos. Una persona que decide emprender en nuestro país se ve ahogada en permisología y si logra poder levantar su negocio o proyecto, las tasas impositivas le dificultan su subsistencia. Toda eso obviamente impacta en la creación de empleos y son una de las principales causas que explican el bajo crecimiento que ha tenido Chile en los últimos años.

Esa lógica ha ido cambiando y la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional, cuyos efectos se empezarán a ver ahora, ha sido un gran avance en la dirección correcta.

6. La desconfianza hacia las instituciones políticas sigue siendo un desafío para la democracia. ¿Cuáles son las principales deudas del Congreso con la ciudadanía? ¿Qué responsabilidades debe asumir la clase política cuando las prioridades legislativas no coinciden con las preocupaciones más urgentes de las personas?

En los últimos años, nos hemos preocupado de lograr una aprobación permanente a cualquier costo lo que nos ha llevado a un frenesí legislativo sin medir consecuencias, que no tiene parangón en la historia reciente.

Como lo dije en la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del presente año, el resultado más concreto de esta etapa es haber dinamitado los ahorros previsionales de nuestros compatriotas, con sendas propuestas y puestas en escena que los van a privar de pensiones, que eran perfectibles, por cierto, pero que hoy ya no existen en sus cuentas y que introdujeron daños permanentes a nuestra economía.

El recuperar la confianza, parte por reconocer los errores y pedir disculpas. Es por ese motivo que como Presidente de la Cámara, ofrecí unas sinceras disculpas a Chile por no habernos opuesto con mayor determinación a estos efectos que elevaron las tasas de los créditos -como tantas veces advertimos- y que terminaron con el sueño de la casa propia, y condenaron a nuestros compatriotas a la triste realidad de ser un país de arrendatarios.

7. Seguridad y crecimiento económico suelen presentarse como prioridades nacionales, pero el Congreso también debe abordar otras demandas sociales y debates de fondo. ¿Cómo definir qué proyectos requieren mayor urgencia sin postergar materias igualmente relevantes? ¿Qué acuerdos políticos o cambios en el funcionamiento parlamentario permitirían avanzar con mayor eficacia y resultados verificables?

Si bien la seguridad y el crecimiento económico son las principales prioridades de la ciudadanía hoy en día, y también, en materia legislativa, ello no significa que el Congreso descuide o deje de lado otras prioridades. Son múltiples las comisiones permanentes que sesionan cada semana tramitando diversos proyectos de ley según su materia y competencia, cuestión que se ve reflejada a su vez en las votaciones que semanalmente tenemos en la sala.

En este sentido, a cada comisión le corresponde, dentro de su competencia, ir priorizando los proyectos por discutir, cuestión que junto con las urgencias que el Ejecutivo decida colocarle a cada proyecto, va marcando la agenda legislativa, por lo que si bien, el énfasis se ha puesto en estos meses en seguridad, empleo y crecimiento económico, ello no quiere decir que no se hayan abordado materias diferentes a estas.