Entrevista

La crisis de la seguridad pública en Chile.

Iohan León Espinoza, Juez de Garantía de Concepción y profesor de Derecho Penal de la USS: “La cárcel como solución, tan estrecha en sus márgenes conceptuales como en su finalidad, aparece como una medida aislada, insuficiente y desconectada frente a la extensión y complejidad de la problemática criminal».

Sin embargo, explica el juez, esa “sensación” desconoce que la “cárcel” no es la respuesta adecuada ni única para todo tipo de delito, ya sea por la gravedad del ilícito o la situación personal del infractor, y por otro lado, el efecto “disuasorio”, parece no ser tal, especialmente si observamos que las continuas intensificaciones de la legislación en materia de penas, no ha redundado en una disminución de la comisión los ilícitos, situación que ya se podía apreciar en legislaciones que contemplan incluso, sanciones más graves que la cárcel.

28 de septiembre de 2022

Por Bárbara Pizarro González, USS

La seguridad pública es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. De hecho, el Subsecretario de Prevención del Delito ha reconocido que la seguridad pública atraviesa por la peor crisis en los últimos 30 años. Delitos tales como portonazos, encerronas y homicidios van en alza. Por otro lado, la llegada de organizaciones criminales internacionales como el tren de Aragua y la alta tasa de reincidencia en Chile agravan el fenómeno de la criminalidad en el país y aumentan la percepción de inseguridad en la población.

Para combatir los efectos de una criminalidad en alza y que parece sin control, la respuesta no solo debe buscarse en la legislación penal represiva, en acciones policiales preventivas más eficaces, sino también indagar y enfrentar las causas de la criminalidad. Sobre estos y otros temas vinculados al fenómeno delictivo en el país, conversamos con un actor relevante, el Juez de Garantía de Concepción y profesor de Derecho Penal de la USS, Iohan León Espinoza.

1. Existe una tendencia a recurrir a la cárcel como principal respuesta a problemas de seguridad ciudadana. ¿Cree usted que existe correlación entre la prisionización y la disminución del delito?

En realidad, esa aseveración responde a un fenómeno mucho más amplio que se viene instalando desde hace un tiempo en la discusión ciudadana y en la respuesta legislativa a ese clamor, que se traduce en la utilización del Derecho Penal como solución a muchos de los problemas que se suscitan en el devenir social. De hecho, los autores han denominado a ese fenómeno como la “expansión del Derecho Penal” o la “huida al Derecho Penal”. Desde esa premisa, el Derecho Penal, como reacción al delito, se identifica solamente con una respuesta: la cárcel, o en términos más técnicos, en la intensificación de las penas, y en especial (o únicamente) las privativas de libertad.

Desde esta perspectiva, “la cárcel” como solución, tan estrecha en sus márgenes conceptuales como en su finalidad, aparece como una medida aislada, insuficiente y desconectada frente a la extensión y complejidad de la problemática criminal, resultando absolutamente insuficiente para lograr, por sí sola, el afán de disminuir los delitos y la violencia con la cual, algunos de ellos, se ejecutan.

La tendencia a acudir a esta forma de sanción apunta más bien, en un primer término, a una sensación “inmediata” de seguridad, al aislar al infractor del seno de la sociedad, y, desde otra perspectiva, en su supuesto efecto “disuasorio”, pues el eventual delincuente se replantearía la ejecución del hecho delictivo, ante la amenaza de privación de libertad en un lugar tan duro como son las cárceles.

Sin embargo, esa “sensación” desconoce que la “cárcel” no es la respuesta adecuada ni única para todo tipo de delito, ya sea por la gravedad del ilícito o la situación personal del infractor, y por otro lado, el efecto “disuasorio”, parece no ser tal, especialmente si observamos que las continuas intensificaciones de la legislación en materia de penas, no ha redundado en una disminución de la comisión los ilícitos, situación que ya se podía apreciar en legislaciones que contemplan incluso, sanciones más graves que la cárcel.

2. La experiencia dentro de las cárceles no es favorable para una posterior reinserción social, el hacinamiento y la violencia son factores que fomentan el aprendizaje delictual. Según un informe de Gendarmería del año 2019, el 35,1% de quienes egresan de libertad vigilada reincide (nueva condena), mientras que la reincidencia de egresados de penas privativas de libertad es del 52,5%. ¿Qué cambios le haría usted al sistema carcelario en Chile?

Un cambio que se viene observando en nuestra legislación desde la implementación de sanciones diferenciadas para los adolescentes infractores en la Ley 20.084, y luego con el nuevo régimen de Penas Sustitutivas de la Ley 18.216, es la adopción de la tesis preventivo especial de la pena, que busca una reinserción de los condenados a objeto de que puedan reintegrarse a la sociedad como personas de bien. Es por eso que sus defensores, decían que este tipo de penas, miran hacia el “futuro”, y no al “pasado” como las teorías retribucionistas.

Aceptando esa perspectiva, buscando la reinserción y consecuencialmente evitar la reincidencia, se debe abordar la problemática desde distintas aristas. La primera de ellas, apunta a la infraestructura carcelaria, en la que efectivamente se debe realizar las inversiones necesarias, no sólo desde un punto de vista cuantitativo sino que cualitativo, que permita una adecuada segregación de la población penal, la implementación de planes dentro de la misma para lograr una efectiva resocialización a través de la educación y la capacitación laboral, con evaluaciones constantes de dichos planes, para establecer si los recursos humanos y materiales están logrando los objetivos trazados, además, del monitoreo efectivo de las distintas etapas de cumplimiento de la respectiva sanción a través del sistema progresivo.

Un segundo eje, estaría dado en la creación de una judicatura especializada en la ejecución de la pena, conocidos como Juzgados de control de la ejecución, integrados no solamente por el respectivo juez, sino por un equipo multidisciplinario, que aborde cada caso de una forma individual y específica, para resolver los distintos conflictos que se susciten durante el cumplimiento de las penas, con la intervención de los diferentes intervinientes que participaron en el respectivo proceso, ello para que las respectivas audiencias tuvieran el debido debate adversarial. De esta manera, el paradigma para afrontar la ejecución de las sanciones mutaría desde un análisis de cumplimientos sucesivos –e incluso paralelos– de cada pena, en el caso de un infractor múltiple, a una visión integral del propio condenado, para que así se determine la ejecución de la sanción (incluso única) con la finalidad de lograr la rehabilitación del condenado.

Por último, reconocer, que no sólo la pena privativa de libertad puede lograr objetivos, sino que existen otro tipo instrumentos, como las medidas de seguridad, que pueden complementarla, o incluso sustituirlas, especialmente en casos de reiteración de delitos, así logra una reeducación del sancionado, para que no transforme el delito en modo de vida.

Todo ello, por supuesto, no olvidando, que existen tipos de delitos, y cada cual, debe tener un tratamiento adecuado y proporcional a su gravedad.

3. Respecto a los homicidios, en el primer semestre del 2022 las cifras de estos se dispararon un 28,7% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un total de 413, según cifras de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Respecto a lo anterior, ¿a qué le atribuye el alza de este tipo de delito?

En mi concepto, uno de los detonantes de este tipo de delitos, es la proliferación de bandas delictuales organizadas con acceso a armas de fuego más sofisticadas. Hace 10 o 15 años atrás, aproximadamente, se apreciaba el uso de las denominadas armas “hechizas” o de fabricación artesanal, que básicamente eran dos fierros con un clavo, con lo cual se podía efectuar un solo disparo de un cartucho de escopeta. En la actualidad muchos de los miembros de estas bandas o simplemente, delincuentes sin afiliación a este tipo de organizaciones cuentan a lo menos con pistolas semiautomáticas.

A lo anterior se unen, sectores en que dichas organizaciones criminales tienen una influencia tal, que les permiten realizar acciones de control territorial a través del uso de este tipo de elementos, intimidando a los pobladores de dichas localidades.

No se debe despreciar, tampoco, el llamado sicariato, que es un fenómeno que se ha podido vislumbrar en algunas ocasiones, y debe ser foco de atención para impedir su expansión como figura delictiva.

4. Hace menos de un mes se despachó la denominada “Ley Tamara”, la que modifica el Código Penal aumentando penas e incorporando nuevas circunstancias agravantes. ¿Considera usted que esta política criminal es idónea y disuade la comisión de este tipo de ilícitos?

El caso que originó este proyecto es una tragedia, que ninguna familia quisiese vivir, en que se demostró por parte de los hechores un total desprecio por la vida humana, siendo aún más impactante, que se tratara de una pequeña niña.

Evidentemente, ante tal gravedad debe haber una pena proporcionada a dicho hecho, cuyo quantum debe ser determinado por los órganos que representan a los ciudadanos como son nuestros parlamentarios. Quizá una forma de enfrentar este tipo de hechos tan graves es establecer una pena desde una tesis retributiva adecuada al mal ocasionado por el hecho, pero una vez establecida la sanción, implementarla desde un punto óptica preventivo especial, sin soslayar la gravedad del delito.

Ahora, como política criminal, entendida como la parcela de la política que establece los criterios que se emplean para el tratamiento de la criminalidad, su efecto disuasorio no parece tan efectivo como a primera vista se pudiera apreciar, sino más bien, obedece a una reacción de endurecer una sanción ante un hecho repudiado por todos los estamentos de la población.

Y debo recalcar la palabra “reacción”, pues denota una respuesta posterior al acaecimiento del hecho, y si queremos lograr disminuir este tipo de delitos, se debe realizar un análisis completo del fenómeno, que no sólo se enfoque a la aplicación de la pena, sino que, desde una perspectiva anterior, para establecer, por un lado los motivos que llevan a una persona a cometer este tipo de hechos, que puede tener su origen en situaciones sociales, educacionales o incluso de salud mental; y además, las medidas preventivas para evitar este tipo de delitos violentos, que van desde la vigilancia hasta neutralizar los canales para la adquisición de armas de fuego, las que deben ser implementadas por otros organismos, especialmente las policías.

5. Respecto al incremento del robo de vehículos en las modalidades de encerronas y portonazos. ¿Cuáles cree que son los factores determinantes para cometer este tipo de delitos?

Los delitos van evolucionando en sus modalidades por los grados de éxito que logran en su ejecución. Muchos de estos delitos vienen cometiéndose desde un tiempo en otros países. Ahora bien, la facilidad de la trasmisión de noticias y de información en general, ya sea a través de canales noticiosos o de redes sociales, van facilitando la incorporación o “copia” de estas nuevas modalidades delictivas en el país.

Los llamados “motochorros” es un fenómeno importado de otras latitudes, que no necesariamente van de la mano con el hecho de ser perpetrados por personas de otra nacionalidad, sino por bandas y delincuentes de nuestro propio país que adoptan aquellas conductas para lograr sus propios objetivos ilícitos.

A ello, debe añadirse el fenómeno que mencionamos anteriormente, como las nuevas organizaciones delictivas y la facilidad con la que pueden acceder a armas más sofisticadas que un cuchillo o armas de fuego hechizas.

6. El Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó la presencia de tres organizaciones criminales internacionales en Chile, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. ¿En vista de esta realidad, cree que se necesita un cambio en el accionar de las policías y una reformulación de la política criminal para enfrentar esta nueva criminalidad?

Efectivamente la presencia de aquellas organizaciones representa un reto para la labor de nuestras policías y Ministerio Público, en la forma como deben afrontar este tipo de bandas, especialmente a través de la inteligencia policial, la cooperación internacional, sobre todo en el cruce de la información y la oportuna realización de las diligencias en conjunto. Importante será también evaluar el marco legal y los instrumentos con que se dota a la Fiscalía y las policías para llevar a cabo las investigaciones que busquen desarticularlas.

Ahora bien, yo precisaría su pregunta en el sentido de hablar de “nueva criminalidad”, pues podríamos aceptar que la novedad estaría en el hecho de desplegar actividades criminales a gran nivel en nuestro territorio, pero la verdad es que aquellas organizaciones, especialmente las ligadas al tráfico de drogas, viene realizando su actuar delictivo hace muchos años en otros países, por lo que resulta de vital importancia recoger la experiencia comparada en la represión de aquellas organizaciones, y analizar su aplicación en nuestro ámbito.

Por último, no deja de tener relevancia, el hecho de fortalecer nuestras instituciones, para hacerlas impermeables ante cualquier atisbo de corrupción, porque uno de los flancos que persiguen este tipo de bandas, con la cantidad de recursos con lo que cuentan, es intentar sobornar a los distintos estamentos de nuestro aparataje estatal para lograr facilitar sus actividades o lograr ciertos grados de impunidad en las mismas.

7. ¿Estima que el fenómeno de la migración tiene incidencia en el alza de la criminalidad en el país?

La migración es un fenómeno que ha venido incrementándose en nuestro país en los últimos años que no necesariamente incide en una mayor participación de estas personas en la comisión de delitos. Me parece que existen estudios que, han señalado que el porcentaje de involucrados extranjeros en delitos sigue siendo proporcionalmente muy bajo.

Una medida precisa que, a mi juicio, debiera implementarse es que, ante cualquier persona que ingrese al país y que se vea envuelta en la eventual comisión de un ilícito, es lograr su efectiva identificación, pues de comprobarse su responsabilidad en la comisión de un delito, la determinación de su sanción debe establecerse con pleno conocimiento de sus antecedentes, pues no es lo mismo sancionar a un primerizo que a un avezado delincuente. Por lo demás, de ignorarse esa información, la sanción no será la adecuada, y podría sancionarse con menor rigurosidad a una persona que no merezca tal atenuación.

Además, con esa información puede implementarse las medidas preventivas necesarias para evitar la instalación de organizaciones criminales transnacionales que puedan tener interés en desplegar sus emprendimientos delictivos en nuestro país.

No debemos olvidar que, estas personas, especialmente las que ingresan al país por pasos no habilitados, son también muchas veces, víctimas de delitos de organizaciones criminales, especialmente en lo referente al tráfico de personas, y necesitan una especial protección, por lo que indicar sólo el enfoque de su supuesta relación con el aumento de la criminalidad, es abordar la problemática desde un prejuicio más que en un dato concreto.

 

 

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  1. Lamentablemente, la ley no permite una variedad desustitucion de penas que sea fuerte y marque ejemplos, tales como servicio militar obligatorio sin salida (ni .enejo de ar.as), cuerpos de trabajo dirigido por los militares en aperruras de caminos y otras obras que sw realizan en la zona austral o extremo norte., reclusiones nocturnas de 08PM y 08 AM, Centros semi abiertos en la isla Santa Maria, Mocha o Quiriquina con ejercios rutinarios y trabajos de limpieza o de otro tipo…

    1. Hola Gino, espero estés muy bien!, pero en serio, no te parece extraño que a pesar de lo escrito por mi hace casi un año, te pueda decir que jamás ha habido intención de llevarme a juicio, ya que la cagada que se mandaron (e involucraron consciente, fehaciente y prevaricatoriamente), no tienen como explicarla, arreglarla y defenderse, así que prefieren hacer como que nada pasó… pero si investigan, se darán cuenta de la realidad permanente…fui el que en base a esto hice que se fuera preso el director de investigaciones… todo con pruebas, mails, etc…ahh… además de los juicios donde se encuentran incompetentes para realizar… supongo que el que es capaz de entender, se dará cuenta… abrazos y observen lo que sucederá luego… avanzaremos todos…son importar inclinación política, cultural y social…
      se despide el Goro, Rodrigo Andrés Brissos Garmendia…el que cambia sólo la realidad… abrazos!!!

    2. ahh y que un delincuente pueda salir a las 8 am y entrar a las 20hrs, es casi un regalo… hay que ser más disciplinario, pero eso no le convendría a «jueces» como éste… habrían varios destituidos y anulados de cargos públicos… si se permiten ver, se darán cuenta de la obviedad… insisto, abrazos a todos y no se encasillen en un lado… todos necesitamos lo mismo…

  2. éste fue el ignorante que cometió el delito de prevaricación en mi contra, luego de dar una orden verbal de ingresar a mi propiedad por cultivo de marihuana (poseo enfermedad crónica degenerativa por lo cual gané un juicio anterior, en el cual se demostró está)
    luego de mis amenazas tuvo que arrancar a Concepción…llevo 6 años amenazando a pdis juez y fiscal de mi caso y al parecer el estado no se quiere meter… super corruptos estos tipos (Luis Carreño fiscal de Melipilla y este fletoide amanerado e ignorante).
    saquen sus propias conclusiones.