Diario Constitucional

Derechos Humanos.

CIDH condena manipulación del derecho penal y falta de garantías en juicios a personas presas políticas en Nicaragua.

El 31 de enero el Ministerio Público ordenó, mediante comunicado de prensa, la reanudación de los juicios orales en contra de las más de 30 personas presas políticas que permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial ("El Chipote") y de aquellas que están bajo arresto domiciliar.

Por Redacción·13 de febrero de 2022·3 min de lectura
CIDH condena manipulación del derecho penal y falta de garantías en juicios a personas presas políticas en Nicaragua.
Referencial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua. Asimismo, urge al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018.

El 31 de enero el Ministerio Público ordenó, mediante comunicado de prensa, la reanudación de los juicios orales en contra de las más de 30 personas presas políticas que permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial («El Chipote») y de aquellas que están bajo arresto domiciliar, todas ellas acusadas por «cometer menoscabo a la integridad nacional», «haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos», entre otros. En el comunicado, el Ministerio Público señaló a estas personas como «criminales y delincuentes», y responsables de «los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018».

Ante la reanudación de estos procesos, que se suspendieron arbitrariamente por más de tres meses, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales. Particularmente, dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional.

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