Comisiones investigadoras parlamentarias deben atenerse al Reglamento General de Protección de Datos, salvo si el tratamiento de datos se enmarca en un asunto de seguridad nacional, dictamina el TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una decisión prejudicial, que las comisiones investigadoras parlamentarias deben hacer observancia de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), salvo que la investigación y el tratamiento de datos personales versen sobre un asunto de seguridad nacional, como lo son las actividades terroristas.

Según se narra en los hechos, la Cámara Baja del Parlamento austriaco constituyó una comisión investigadora para esclarecer presuntas irregularidades en la Agencia Federal de Protección Constitucional y Lucha contra el Terrorismo del país. En este contexto se interrogó a un testigo, cuya declaración fue transmitida por los medios de comunicación. El acta de esta audiencia fue publicada en el sitio web del parlamento, lo cual generó controversia pues se expuso la identidad del interrogado a pesar de que había solicitado permanecer en el anonimato.

El testigo, quien era un agente encubierto, presentó una reclamación ante la autoridad austriaca de protección de datos, aduciendo una vulneración del RGPD. No obstante, la autoridad rechazó la reclamación argumentando que, como órgano del poder ejecutivo, carecía de la competencia para supervisar el cumplimiento del RGPD por parte de la comisión de investigación debido al principio de separación de poderes.