Corte Constitucional de Ecuador se pronuncia sobre el alcance y contenido del derecho humano al agua.

La Corte Constitucional de Ecuador acogió el recurso de protección presentado por una mujer en contra de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental (EMAPAL-EP).

El caso se refiere a una mujer a quien se le retiró el medidor de agua potable por falta de pago del servicio. La recurrente es una mujer adulta con discapacidad física cercana al 90% y vive únicamente con su hijo, el que también posee una discapacidad física, la que asciende al 75%. Ninguno de los dos se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni al Seguro Social Campesino, ni tampoco reciben subsidios estatales.

A propósito de este caso, la Corte desarrolló los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos respecto del derecho al agua y su contenido. Al respecto, recuerda que el agua tiene una doble categoría, en tanto se la considera como derecho y como recurso natural. En cuanto al agua como derecho, refiere que, según lo establecido por el Comité DESC, este comprende el “derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.” Agrega que este derecho abarca “libertades como mantener el acceso a un suministro de agua necesario y no ser objeto de injerencias como cortes arbitrarios del suministro o contaminación de los recursos hídricos; así también como el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de su disfrute”.