Corte Constitucional de Letonia determinó que el monto del beneficio de seguridad social del Estado para discapacitados y personas mayores desempleadas es incompatible con la Constitución.

La Corte Constitucional de Letonia determinó que el monto mensual del beneficio dado por el Estado para inválidos y personas mayores desempleadas es inconstitucional.

En específico, la norma cuestionada establece que el monto del beneficio de seguridad social del Estado para las personas discapacitadas desde la infancia es de 122.69 euros mensuales, 80 euro para otras personas con discapacidad y 64.03 euros para las personas mayores.

La decisión de la Corte incide en una cuestión de constitucionalidad presentada por el Ombudsman (Defensor del Pueblo), quien alegaba que la cantidad detallada del beneficio era insuficiente para que sus destinatarios puedan satisfacer sus necesidades básicas: alimentos, ropa, vivienda, atención médica y educación. Agrega que, aunque la economía del Estado se encuentra estable, el monto de este beneficio mensual no se ha revisado durante mucho tiempo; definiéndose, realmente, por estimaciones políticas, que por índices económicos. El Estado no ha cumplido con sus deberes ante los residentes como lo exige la Constitución, generando una desigualdad social excluyente y que no les brinda igualdad de oportunidades en comparación con las personas económicamente activas.