Protección de datos personales.
Corte Constitucional Federal de Alemania determinó inconstitucional leyes federales sobre telecomunicaciones, y señala que el acceso del gobierno a datos personales de los ciudadanos debe limitarse.
La sentencia señala que las disposiciones violan el derecho de los reclamantes a la autodeterminación informativa y su derecho a la privacidad de todas las comunicaciones.

La Corte Constitucional Federal alemana declaró inconstitucional el artículo 113 de la Ley de Telecomunicaciones y varias leyes federales ordinarias que rigen el procedimiento para obtener los datos de usuarios suscriptores de servicio de telecomunicaciones e internet.
La sentencia señala que las disposiciones violan el derecho de los reclamantes a la autodeterminación informativa y su derecho a la privacidad de todas las comunicaciones. Igualmente, explica que el procedimiento permite a las autoridades de seguridad obtener información de las empresas de telecomunicaciones, en particular, la información de los suscriptores de sus servicios o una dirección IP asignada en un momento determinado. La información que puede obtenerse por este medio incluye datos personales del cliente vinculados a la cuenta o los datos de suscriptor. No se proporciona información sobre los datos relacionados con el uso de los servicios de comunicaciones (datos de tráfico) y tampoco el contenido real de estas comunicaciones.
Enseguida, la Corte Constitucional explica que, en principio, la recolección de datos del suscriptor está permitido según la norma constitucional. Sin embargo, similar a la imagen de un puerta doble, el legislador debe crear una base legal proporcional tanto para la trasferencia de datos por parte de los proveedores como para le recuperación de dichos datos por parte de las autoridades. Es decir, las normas sobre transferencia y recuperación de datos deben limitar adecuadamente el motivo para el que se pretende utilizarlos, en especial deben establecer umbrales como elementos constitutivos del derecho y proporcionar una protección suficientemente significativa de los intereses legales.
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