Afecta el acceso a la justicia y refuerza la impunidad.
Corte IDH condena al Estado de Chile por aplicar la media prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.
La media prescripción es contraria a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos debido a que genera una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó formalmente una sentencia dictada contra el Estado chileno el 12 de marzo de 2024, en la que declaró a Chile responsable de violaciones a los derechos humanos. La Corte halló que el Estado chileno vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con hechos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ocurridos durante la dictadura militar, en perjuicio de 44 personas detenidas desaparecidas y los familiares de otras cinco víctimas ejecutadas extrajudicialmente.
El fallo cuestiona la aplicación de la figura de la «media prescripción» en estos casos, un mecanismo jurídico chileno contemplado en el artículo 103 del Código Penal. Este permite reducir las penas impuestas a los culpables de delitos si ha pasado más de la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal. Entre 2007 y 2010, la Corte Suprema de Chile aplicó este principio en varios casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en dictadura, lo que resultó en la disminución de las penas a los responsables de estos crímenes.
Para la Corte IDH, la utilización de la media prescripción en estos crímenes graves vulnera los estándares internacionales de justicia. Considera que, en situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, no se puede permitir la reducción de penas a los responsables. La Corte concluyó que esta práctica afecta el acceso a la justicia y refuerza la impunidad de los crímenes cometidos durante el régimen militar chileno.
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