Corte Interamericana de Derechos Humanos declara a Argentina culpable por la desaparición forzada de dos personas durante el gobierno militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado argentino es responsable por la desaparición forzada de un matrimonio y declaró la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. De igual modo, la Corte declaró al Estado culpable de violar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de los hijos biológicos del matrimonio.

La Corte determinó que los hechos ocurrieron en el contexto del gobierno militar instaurado en Argentina entre los años 1976-1983, período en el que se implementó y ejecutó un plan sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos. El fallo estableció que las diversas actividades de represión desarrolladas durante el período del gobierno militar incluyeron la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas, con posterioridad a la desaparición o ejecución de sus padres y madres. Asimismo, se determinó que los hechos se dieron en el marco de la operación denominada Cóndor.

El Corte se sitúo en el contexto general y las circunstancias propias en que ocurrieron los hechos, que involucraron la actuación no solo de Argentina, sino de otros Estados, por lo que las múltiples violaciones cometidas podrían acarrear, eventualmente, algún tipo de responsabilidad concurrente entre estos. No obstante, señala que el caso fue sometido a su conocimiento únicamente respecto de Argentina. Sin perjuicio de ello, la Corte recuerda que la noción de garantía colectiva se encuentra subyacente en todo el Sistema Interamericano, entendida como una obligación general de protección que tienen los Estados entre sí, para asegurar la efectividad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por tanto, la efectividad del mecanismo de garantía colectiva hace imperativo que los Estados que tuvieron algún tipo de participación en la consumación de los hechos del caso y en general en el contexto de la operación Cóndor, colaboren entre sí de buena fe, para erradicar la impunidad de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella época.