Demanda rechazada.
Corte Internacional de Justicia dictamina que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas..
Conforme al derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, a partir de las líneas de base en que se mide la anchura de su mar territorial, no puede extenderse desde las líneas de base de otro Estado.

Con 13 votos contra 4, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Nicaragua no puede ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el mar Caribe, rechazando así las pretensiones de este país que había pretendido ampliar sus derechos sobre el lecho y subsuelo marino en una zona rica en recursos naturales.
La controversia se remonta a 2001, cuando Nicaragua interpuso una demanda en estrados de la CIJ para extender su soberanía sobre el referido archipiélago de San andrés, territorio soberano de Colombia. Si bien la Corte no acogió esta solicitud, sí amplió la delimitación marítima en favor de este país. En consecuencia, Colombia perdió 75.000 km cuadrados de mar y anunció su retirada del Pacto de Bogotá. Consecuentemente Nicaragua interpuso una nueva demanda para ampliar su plataforma continental en la zona.
Colombia se opuso a las solicitudes presentadas por Nicaragua, pues de haberse extendido su plataforma continental más allá de las 200 millas esta se habría superpuesto con la suya, ya que en la zona se encuentra el archipiélago de San Andrés. Por su parte, Nicaragua fundó sus alegaciones en el derecho internacional consuetudinario y en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Temas
Te puede interesar

Decreto chileno.
Argentina acusa a Chile de «pretender apropiarse» de parte de su «plataforma continental».

CIDH.
Se otorgan medidas cautelares en favor de hombre condenado a muerte por homicidio. Estados Unidos debe abstenerse de ejecutar la pena mientras no exista un pronunciamiento de fondo.

Principales conclusiones y recomendaciones.
Informe sobre el Estado de Derecho en la UE.

