Tribunal Constitucional de Perú.
El derecho a la autodeterminación informativa tiene por finalidad proteger a la persona frente a los excesos derivados del uso, manipulación y difusión de los datos personales o familiares registrados mediante medios informáticos.
No es posible aceptar como justificación que el registro no genera antecedentes policiales, pues en la práctica está claro que su acceso, indebido o no, genera efectos negativos o perjuicios más que evidentes a quienes ven perjudicadas sus expectativas laborales por el solo hecho de figurar en el mismo a razón de valoraciones o estigmatizaciones de tipo social.
El Tribunal Constitucional de Perú acogió el recurso de agravio constitucional deducido contra el Ministerio del Interior, por su responsabilidad en la filtración de datos que afectó al recurrente.
El actor fue investigado por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, la causa fue archivada dado que la conducta imputada no se adecuó al tipo penal. Sin embargo, estas actuaciones fueron incorporadas al Sistema de Registro de Denuncias.
Demandó al Ministerio del Interior por permitir a la empresa Vocati Consulting obtener información del registro, para derivarlo a entidades públicas y privadas. Solicitó “(…) la eliminación del registro, por considerar que afecta su derecho a la intimidad personal y al trabajo, pues una empresa privada estaría teniendo acceso a dicho registro para remitirlo a terceros”.
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