Europa pide cautela legal ante la
El derecho penal sólo debe aplicarse a la desinformación si afecta la seguridad nacional, el orden público o derechos fundamentales
El Consejo de Europa advierte que criminalizar la desinformación sin límites claros puede derivar en censura; propone sanciones civiles en lugar de penas de prisión y refuerza el contexto como elemento clave para proteger la libertad de expresión.
En unas nuevas directrices publicadas, el Consejo de Europa establece que el uso del derecho penal contra la desinformación debe reservarse para casos en los que exista un riesgo claro para la seguridad nacional, el orden público, la integridad territorial, la salud, la moral o la reputación.
Estas recomendaciones surgen en respuesta a alertas de la Comisión de Venecia, que advierte que las medidas estrictas podrían derivar fácilmente en censura e incluso en la limitación de contenido legítimo.
El organismo pan‑europeo reconoce que la desinformación puede socavar la confianza en los medios y debilitar los debates públicos esenciales para la democracia. Pero su respuesta no es la penalización generalizada, sino el fomento del periodismo de calidad, el apoyo al fact‑checking y el empoderamiento de los ciudadanos como usuarios críticos.
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