Es procedente el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y un juez investigado por cohecho que pone fin a su proceso penal, pues ello no afecta la investigación sobre los demás imputados.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Perú acogió el recurso de apelación deducido por el Ministerio Público, declarando procedente el acuerdo de terminación anticipada del proceso penal que la Fiscalía presentó en conjunto con un juez acusado de corrupción, y que había sido rechazado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

El caso versa sobre un juez que para obtener su cargo solicitó ayuda a un funcionario. A cambio, le ofreció 24 botellas de vino y un almuerzo en un exclusivo restaurante. A raíz de las escuchas telefónicas que dieron cuenta de estas conversaciones, la Fiscalía formalizó al magistrado y al funcionario por el delito de corrupción de funcionarios-cohecho activo específico.

Durante la investigación de los hechos, el magistrado reconoció su culpabilidad y suscribió un acuerdo de terminación anticipada del proceso con la Fiscalía, que fue presentado al Juzgado para su aprobación. No obstante, sus términos fueron rechazados debido a que el Juzgado estimó que “(…) el delito imputado —cohecho activo específico— es uno de encuentro, con la participación necesaria de un agente corruptor y un agente corrompido. Se indicó que en el presente caso fue el juez quien corrompió al procesado con la entrega de una dádiva —veinticuatro botellas de vino y un almuerzo— a cambio de ser designado juez supernumerario”.