España reforma ley de aborto
Gobierno español impulsa reforma para constitucionalizar el aborto en el artículo 43 de la Carta Magna
El Ejecutivo propone modificar el artículo sobre el derecho a la salud para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación garantizada por los poderes públicos, lo que abre un intenso debate político y jurídico en torno a la protección de la vida y la objeción de conciencia.

Tras la polémica por el fallido intento del Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el síndrome post aborto, el Gobierno de España anunció que impulsará una reforma constitucional para reconocer expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa busca incorporarlo en el artículo 43, relativo a la protección de la salud, evitando así la compleja vía de modificar el artículo 15, que reconoce el derecho a la vida.
El Ejecutivo pretende añadir un nuevo apartado cuarto al artículo 43 con la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. El precepto se incluiría en el Título I de la Constitución, dentro del capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica.
La tramitación se realizará mediante el procedimiento que exige mayoría de tres quintos en Congreso y Senado, o bien dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado en caso de desacuerdo. Además, requiere informe del Consejo de Estado y, eventualmente, podría ser sometida a referéndum si lo solicita al menos una décima parte de diputados o senadores.
Temas
Te puede interesar

Cobertura de medicamentos
Corte Suprema ordena suministro inmediato de medicamento Risdiplam para paciente con AME tipo 2

No afecta la libertad de expresión.
Consejo de Estado de Francia resuelve que no es “manifiestamente ilegal” la orden ministerial que prohíbe las protestas públicas en apoyo de la causa palestina.

Tribunal Supremo de España.
Querella interpuesta por Vox contra presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se declara inadmisible. Es sólo una crítica a la política seguida por el Ejecutivo sin base alguna para considerar que conspiró para cometer el delito de rebelión.

