Informe referido a delitos sexuales perpetrados por miembros de misiones de paz de Naciones Unidas se presenta por el Instituto Internacional para la Paz.

Un reciente informe del Instituto Internacional para la Paz (IPI) señala la necesidad de adoptar un enfoque más integrado para abordar los desafíos legales y estructurales para garantizar justicia a las víctimas de explotación y abuso sexual cometidos por miembros de las operaciones de paz de Naciones Unidas (ONU).

En la actualidad, las políticas de las Naciones Unidas tienden a diferenciar entre la explotación y el abuso sexual dirigidos a las comunidades receptoras y el acoso sexual sufrido por miembros del personal de mantenimiento de la paz. Esta separación se deriva de marcos normativos que consideran estas conductas como cuestiones independientes, a pesar de su origen común en desequilibrios de poder, desigualdad de género y abuso de autoridad.

Según el informe, esta división genera confusión entre los responsables de formular políticas, las partes operativas y los propios supervivientes, además de dificultar la asignación eficiente de recursos para iniciativas de prevención y rendición de cuentas. En el caso del acoso sexual, las denuncias suelen enfrentarse a mecanismos de reporte fragmentados y respuestas jurídicas dispares, debido a la dependencia de sistemas nacionales que presentan inconsistencias en el tratamiento de estas conductas.