Justicia europea aprueba vacunación obligatoria contra el Covid-19 para militares italianos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que la vacunación obligatoria contra el Covid-19 exigida únicamente al personal militar de Italia no constituye una medida discriminatoria bajo la legislación europea. El dictamen responde a una consulta del Consejo de Estado italiano tras la demanda de un oficial del Ministerio de Defensa que fue suspendido de sus funciones en 2022 por negarse a recibir la inoculación. La sanción administrativa implicó el cese de sus funciones y la pérdida de sus ingresos económicos familiares.

El tribunal europeo desestimó la existencia de una discriminación directa al aclarar que las leyes de la Unión Europea protegen contra diferencias de trato basadas en motivos específicos, pero no contemplan la distinción por categorías profesionales. En este caso, la diferencia de obligaciones entre los funcionarios militares y el personal civil de la misma institución se justifica por el estatuto profesional de cada sector, una materia que queda fuera del marco normativo europeo sobre igualdad en el empleo.

Respecto a las acusaciones de discriminación indirecta por razones de convicciones personales, el fallo establece que el rechazo del uniformado no se fundaba en una creencia espiritual o filosófica protegida por el derecho comunitario. La resolución detalla que el demandante justificó su postura en base a dudas científicas externas y cuestionamientos hacia las decisiones de salud pública de las autoridades italianas, lo que se clasifica como una opinión personal y no como una convicción tutelada legalmente.

Finalmente, el tribunal se declaró incompetente para evaluar una posible vulneración a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea respecto a la pérdida de la remuneración del trabajador. El dictamen explica que la normativa fundamental de la Unión Europea solo es aplicable cuando los Estados miembros implementan de forma directa el derecho de la organización. Con esta aclaración, corresponderá ahora a la justicia de Italia resolver el litigio siguiendo los criterios fijados por la corte europea.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.