Corte Constitucional de Ecuador.
Las disposiciones de una ley deben mantener correspondencia con su contenido temático o ideas matrices pues en caso contrario tendrán vicios de forma.
El principio de unidad de materia tiene como finalidad la racionalización de la actividad legislativa, no solo en relación con el diseño de cuerpos normativos dotados de coherencia, sino también con la democracia deliberativa y la organización de un adecuado debate público centrado en una materia más o menos delimitada sin dispersiones inadecuadas.
La Corte Constitucional de Ecuador declaró la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad, por estimar que incumplen el requisito de unidad de materia.
El fallo se dictó en razón de una acción de inconstitucionalidad incoada contra las disposiciones recurridas. Los recurrentes alegaron que estas adolecían de una serie de vicios de fondo y forma, por establecer obligaciones que nada tienen que ver con el objeto de la Ley, que es instaurar un impuesto para sufragar gastos relacionados con el terremoto de 2016.
En la especie, la obligación consiste en que los estudios jurídicos deben informar, bajo juramento, sobre las sociedades que sus clientes han constituido en paraísos fiscales. A juicio de los accionantes ello vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el secreto profesional. Además, consideran que es una clara contravención a la finalidad considerada por el legislador.
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