Olores nauseabundos en viviendas afectan la tranquilidad de las personas, por lo que es deber del Estado garantizar estándares mínimos de higiene y habitabilidad, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta contra las autoridades distritales y una empresa pública de acueductos, por no remediar los inconvenientes provocados por el desbordamiento de aguas residuales, ocurridos a causa de un problema en el sistema de alcantarillado. Amparó los derechos a la salud, a una vivienda digna y a la intimidad de los actores de los accionantes.

La acción fue interpuesta por los residentes de un barrio residencial, quienes denunciaron el desbordamiento de aguas residuales en su sector, lo cual generaba malos olores y la presencia de organismos patógenos y de bacterias que producían diversas enfermedades. A su juicio, la causa del problema era la saturación de obras inmobiliarias que hicieron colapsar el sistema de alcantarillado. Acusaron que las accionadas no adoptaron las medidas necesarias para resolver dicha situación.

La acción fue desestimada en primera y segunda instancia. Los jueces de instancia estimaron que los actores no demostraron ninguna situación individual que acreditara la existencia de enfermedades, y que por ello la controversia planteada era meramente legal y escapaba al ámbito constitucional, por lo que en su opinión el asunto debía ser resuelto en sede administrativo. Los accionantes recurrieron esta decisión ante la Corte Constitucional.