ONU y organizaciones de Derechos Humanos instan a Estados a cesar criminalización de manifestantes y activistas sociales

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y de diversas regiones instaron a los Estados a revisar las medidas que han derivado en arrestos arbitrarios y procesos judiciales contra manifestantes y miembros de la sociedad civil. En un comunicado conjunto, recordaron que los derechos de reunión pacífica y de asociación forman parte de los fundamentos de cualquier sistema democrático.

El pronunciamiento señala que garantizar estos derechos resulta esencial para promover la participación ciudadana, exigir responsabilidades a las autoridades y evitar la erosión de la cohesión social. Subraya, además, que el debilitamiento de tales garantías puede afectar directamente la confianza en las instituciones.

La declaración se suma a la preocupación por el incremento de legislaciones que establecen restricciones a organizaciones no gubernamentales y colectivos de la sociedad civil. Como ejemplo, se menciona la ley de “Agentes Extranjeros” aprobada en Georgia en 2023, que obliga a entidades con más del 20% de financiamiento externo a registrarse bajo esta categoría. La norma ha generado críticas de organismos internacionales y de derechos humanos, que advierten sobre sus efectos en medios de comunicación independientes y en el espacio cívico.