Para resolver sobre la legalidad de la expulsión de un extranjero, el Estado no tiene la obligación de escuchar a sus hijos conforme al derecho de NNA a ser oídos, resuelve la Corte Suprema de Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó la decisión de primera instancia que desestimó el recurso jerárquico contra la Dirección Nacional de Migraciones que declaró irregular la permanencia de un uruguayo, ordenó su expulsión y le prohibió el reingreso a Argentina por 8 años.

El recurrente alegó que se falló con errónea interpretación del derecho, ya que de conformidad a la Ley de Migraciones, tiene el estatus de residente por el mero hecho de ser progenitor de tres ciudadanos argentinos, donde uno de ellos es menor de edad, de modo que, su expulsión afectaría el derecho de reunificación familiar y el principio de interés superior del niño, más si la orden de expulsión se basó en una irregularidad y no en la comisión del delito de tenencia simple de estupefacientes.

Enseguida, cuestiona el rechazo del pedido de intervención del Defensor de Menores e Incapaces, pues estima que, el hecho que la intervención de los menores en el proceso no esté contemplada en la Ley de Migraciones no significa que no subsista la obligación del Estado de ponderar los intereses de los niños, niñas y adolescentes, escucharlos adecuadamente y permitirles contar con una representación adecuada.