Periodista Don Lemon se declara inocente de cargos federales por presuntos delitos cometidos durante protesta contra agentes migratorios en Minnesota

El periodista Don Lemon y la reportera Georgia Fort comparecieron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, donde se declararon inocentes de los cargos penales derivados de su cobertura informativa durante una protesta en un recinto religioso el mes pasado.

Ambos comunicadores, junto a otras siete personas, enfrentan acusaciones por presunta conspiración contra el derecho a la libertad religiosa y por la supuesta vulneración de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE Act), tipificadas en los títulos 18 USC § 241 y 18 USC § 248(a)(2) del código federal.

La defensa de los comunicadores ingresó una moción conjunta para solicitar el levantamiento del secreto de las actuaciones del gran jurado. Según el documento legal presentado, la acusación actual representa el cuarto intento por parte del Ministerio Público para judicializar el caso, luego de que un magistrado, un juez federal y el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito no autorizaran las órdenes de detención iniciales. Los abogados sostienen que la tramitación del proceso ha mostrado anomalías respecto a la práctica habitual de dicho distrito.

El escrito judicial alega que la acusación formal podría carecer de validez debido a presuntas influencias externas sobre el Departamento de Justicia. En la moción se argumenta que fiscales de carrera de la oficina local se habrían marginado del caso, lo que derivó en que la División de Derechos Civiles, liderada por la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, asumiera la dirección de la causa. La defensa busca determinar si el gran jurado recibió instrucciones jurídicas erróneas o información sesgada durante las deliberaciones.

Por su parte, la fiscalía ha defendido la continuidad de la acción penal y ha solicitado celeridad en las respuestas procesales. Mientras el tribunal evalúa la apertura de los registros solicitados, organizaciones gremiales y entidades internacionales de derechos humanos han manifestado su atención sobre el expediente, argumentando que el desenlace del caso podría establecer precedentes sobre la protección de la actividad periodística bajo la Primera Enmienda en contextos de manifestaciones públicas.

Vea texto de la resolución.