Relator Especial de la ONU solicita juzgar a responsables de miles de ejecuciones sumarias cometidas en Irán durante la década de los ochenta.

El Relator Especial de la ONU, Javaid Rehman, solicitó la creación de un mecanismo internacional de rendición de cuentas para investigar y enjuiciar a los individuos involucrados en el arresto y asesinato masivo de miles de personas en Irán durante la década de 1980. Rehman señaló que las violaciones de derechos humanos perpetradas en dicho periodo son constitutivas de “crímenes atroces y crímenes contra la humanidad”.

El informe detalla que estas atrocidades incluyen crímenes contra la humanidad cometidos contra miles de opositores políticos y genocidio contra personas de diferentes creencias religiosas. Las conclusiones se enfocan particularmente en las ejecuciones de 1981-1982 y 1988, que resultaron en graves violaciones de los derechos humanos, afectando a comunidades marginadas, incluidas mujeres y niños.

En 1988, el gobierno iraní llevó a cabo ejecuciones de miles de presos políticos sin proporcionarles el debido proceso legal. Estas ejecuciones fueron supervisadas por un comité de tres personas, una de las cuales fue el futuro ministro de Justicia, Mustafa Pour-Mohammadi. Pese a las protestas del ayatolá Montazeri, las ejecuciones continuaron, y se estima que causaron entre 2.800 y 4.481 muertes. Hasta la fecha, el gobierno iraní no ha reconocido oficialmente estos eventos, y las familias de las víctimas continúan buscando información sobre sus seres queridos, enfrentando obstáculos y destrucción de pruebas.