Actos buscaban obstaculizar
Sanciones contra líderes políticos que cometieron acciones desestabilizadoras en Moldavia se ajustan a derecho, resuelve el TGUE.
Los actos jurídicos controvertidos se ubican en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC): la organización, dirección o participación en manifestaciones violentas u otros actos de violencia pueden justificar una acción de la Unión en ese ámbito para consolidar y apoyar la democracia y el Estado de Derecho en un país tercero.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la resolución de la Unión Europea que impuso medidas restrictivas a dos líderes políticos por cometer acciones desestabilizadoras en Moldavia (Estado del este de Europa), relacionados con Rusia. Dictaminó que estos actos, que buscaban obstaculizar la adhesión del país a la Unión Europea, se enmarcan en la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC), que permite al bloque europeo adoptar medidas contra quienes socaven la democracia.
En el marco de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea para sancionar acciones consideradas desestabilizadoras en Moldavia, el Consejo de la Unión incluyó, en 2023 y mantuvo en 2024, a Ilan Mironovich Shor, exlíder del partido político ȘOR, y a Marina Tauber, exvicepresidenta del mismo partido, en las listas de personas y entidades sancionadas. Según el Consejo, esta inclusión se basó en su participación en la organización de manifestaciones violentas que comprometieron la soberanía, la independencia y la estabilidad de Moldavia.
No obstante, los sancionados impugnaron esta decisión ante El TGUE, solicitando su anulación por falta de fundamento jurídico. Asimismo, reclamaron una indemnización por daño moral al considerar que las medidas impuestas en su contra vulneraron sus derechos fundamentales y que causaron un impacto desproporcionado en su esfera personal y profesional.
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