Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa aplicada por la Contraloría General de la República a alcalde por infracción a la ley del lobby.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación interpuesto en contra de la resolución de la Contraloría General de la República que le aplicó una multa por 20 UTM, al alcalde de Llay Llay por infracción a la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios públicos.

El fallo señala que establecida la relación, entre las obligaciones de Edgardo González Arancibia, el eventual incumplimiento a su deber de registro establecido en el artículo 7º de la Ley N° 20.730 y las comisiones de servicios aprobadas por los diferentes decretos alcaldicios de la mencionada entidad edilicia, se procedió a ponderar su actuar en relación con su respuesta a la solicitud de ese ente de control, junto con sus declaraciones, y sus descargos, lo que concluyó con el establecimiento de la responsabilidad administrativa del recurrente en los términos establecidos en el artículo 16 de referida ley.

La resolución agrega que, indica la resolución impugnada, que la inexcusabilidad de dicha omisión se comprueba al observar el comportamiento del inculpado, a fojas 99 y siguientes del libelo sancionatorio, del cual se concluye el conocimiento de sus obligaciones de registro anterior a los hechos observados, junto con sus respuestas que se encuentran a fojas 454 y siguientes, donde reconoce tener pleno conocimiento de sus obligaciones en relación a la norma. Por tanto, al comprobarse los requisitos fácticos de la norma, se configura la omisión en los términos del artículo 16 de la aludida norma jurídica.