Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia que decretó la absolución de acusado por robo con violencia en la comuna de Renca, por infracciones al debido proceso en diligencia de reconocimiento realizada por funcionarios municipales y no por la policía.

Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia que decretó la absolución de acusado por robo con violencia en la comuna de Renca, por infracciones al debido proceso en diligencia de reconocimiento realizada por funcionarios municipales y no por la policía.

La sentencia sostiene que el principio del debido proceso le impone a la autoridad actuar dentro de los límites de su competencia, como lo mandatan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que implica que la policía debe someter su actuar a la dirección del Ministerio Público, a quien le corresponde por mandato legal la investigación de los delitos, a fin de que el órgano persecutor entregue a los tribunales información veraz, toda vez que ésta, servirá de base para fundar, en el evento de probarse el delito materia de la acusación y la participación que se le imputó al acusado, una sentencia condenatoria.

La resolución agrega que en el caso de autos, la evidencia exhibida a la víctima para que pudiera reconocer a la persona que la asaltó, mientras se encontraba en el SAR de la comuna de Renca para ser atendida de las lesiones que sufrió cuando fue asaltada, fue recopilada por funcionarios municipales –entiéndase civiles–, sin intervención alguna del Ministerio Público ni de la policía, la cual evidentemente adolece de ilicitud y, por ende, igual conclusión se aplica a la prueba derivada de ella, consistente en las fotografías y el video que se le exhibieron en la audiencia de juicio a carabineros, la que por lo tanto, no ha podido ser utilizada en el juicio, ni tampoco resulta apta como elemento de persuasión para que los jueces se formen convicción de culpabilidad, razonar en sentido contrario habría violentado el derecho garantizado en la Constitución Política y en los tratados internacionales vigentes reconocidos por Chile a un debido proceso y una investigación previa racional y justa.