Corte ordena alzar clausura de local por falta de respuesta de la Municipalidad

El tribunal verificó que habían transcurrido quince días sin que la autoridad se pronunciara sobre el reclamo administrativo, por lo que operó su rechazo tácito. A partir de ese momento, la sociedad quedó habilitada para recurrir ante la Corte y la acción fue deducida dentro del plazo establecido por la ley.

Respecto del fondo, la Corte tuvo por acreditado que la Municipalidad no había respondido la solicitud de alzamiento de clausura y que no existía una justificación para esa falta de pronunciamiento.

El tribunal descartó además que solicitudes formuladas anteriormente por otra sociedad pudieran considerarse equivalentes a la presentada por la reclamante, debido a que se trataba de personas jurídicas distintas y de situaciones jurídicas diferentes.

A juicio de la Corte, la omisión municipal fue ilegal porque infringió los principios de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad que rigen el procedimiento administrativo.

El fallo recordó que esos principios obligan a la Administración no solo a impulsar los procedimientos, sino también a adoptar una decisión expresa respecto de las peticiones sometidas a su conocimiento, sin que pueda abstenerse de resolverlas.

La Corte constató además que la circunstancia que había dado origen a la clausura había cesado. La medida había sido decretada porque el establecimiento era explotado por una sociedad distinta de la titular de las patentes, pero posteriormente la reclamante retomó directamente su operación y contaba con las autorizaciones municipales respectivas.

En esas condiciones, el tribunal concluyó que la clausura había perdido el fundamento que originalmente justificó su imposición y que, por ello, correspondía dejarla sin efecto.

Lo anterior, precisó la sentencia, no impide que la Municipalidad continúe ejerciendo sus facultades de fiscalización y adopte las medidas que correspondan si detecta posteriormente incumplimientos administrativos, sanitarios o de seguridad dentro del ámbito de sus competencias.

Por estas razones, la Corte acogió, sin costas, el reclamo de ilegalidad municipal, declaró ilegal la falta de pronunciamiento de la autoridad y, resolviendo directamente la solicitud que permanecía pendiente, ordenó el alzamiento de la clausura del establecimiento.

Asimismo, reconoció el derecho de la sociedad reclamante a perseguir la indemnización de los perjuicios que estime derivados de la actuación municipal.

Uno de los ministros concurrió a acoger el reclamo y ordenar el levantamiento de la clausura, pero no compartió la declaración relativa al derecho de la reclamante a exigir una eventual indemnización de perjuicios.

Vea sentencia Corte de Valparaíso N°31-2026 (Contencioso Administrativo).