Corte Suprema acoge casaciones y condena como cómplices a exagentes en causa por homicidio en dictadura

La Corte Suprema acogió parcialmente diversos recursos de casación interpuestos en una causa por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1974 en la ciudad de Chillán, invalidando la sentencia en su aspecto penal respecto de algunos acusados y en el ámbito civil respecto de la indemnización otorgada a uno de los demandantes, ordenando dictar fallos de reemplazo en ambos casos.

En la sentencia de primera instancia, el ministro en visita había absuelto a varios acusados por falta de participación en el delito de homicidio calificado de una de las víctimas, ocurrido el 27 de abril de 1974, y condenado a otros como autores de homicidios consumados, imponiendo penas de hasta quince años y un día de presidio mayor, además de sanciones como cómplices respecto de algunos imputados. Asimismo, se acogieron parcialmente demandas civiles por daño moral en contra del Fisco de Chile.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Concepción modificó parcialmente el fallo, absolviendo a dos imputados que habían sido condenados como cómplices y ampliando el alcance de la responsabilidad civil del Estado, incorporando a un nuevo beneficiario de indemnización.

Al conocer de los recursos de casación, la Corte Suprema rechazó las impugnaciones formales deducidas por las defensas, al estimar que la sentencia contenía fundamentos suficientes y no presentaba vicios de falta de motivación ni contradicciones relevantes. El máximo tribunal reiteró que la causal de nulidad formal no permite revisar el mérito de las consideraciones del fallo, sino únicamente constatar la existencia de fundamentación legal.

En cuanto al fondo, la Corte Suprema desestimó los recursos de las defensas que cuestionaban la participación de algunos condenados, señalando que no es posible invocar simultáneamente causales incompatibles de casación y que los argumentos planteados no lograban desvirtuar los hechos asentados por los jueces de instancia.

Sin embargo, acogió los recursos deducidos por el Programa de Derechos Humanos y por querellantes particulares, al concluir que existió un error de derecho al absolver a dos imputados cuya participación en los hechos había sido acreditada. El tribunal estableció que estos acusados participaron en la detención ilegal, custodia, tortura y posterior traslado de la víctima a un recinto militar donde fue ejecutada, lo que constituye cooperación en la ejecución del delito.