Corte Suprema anula indemnización de $100 millones contra el Fisco por existir transacción previa con efecto de cosa juzgada

La Corte Suprema acogió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco de Chile, y dejó sin efecto la sentencia que había condenado al Estado al pago de $100.000.000.- por concepto de daño moral a Hermógenes Osvaldo Fuentes Rivera, en una demanda de indemnización de perjuicios tramitada ante el Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas.

El recurso fue presentado por el CDE en contra del fallo dictado el 10 de octubre de 2024 en una causa seguida por el actor en contra del Fisco de Chile, decisión que había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el 18 de diciembre del mismo año y que se encontraba firme y ejecutoriada desde el 15 de enero de 2025.

El recurrente fundó su acción en la causal contemplada en el artículo 810 N°4 del Código de Procedimiento Civil, que permite revisar una sentencia ejecutoriada cuando ha sido dictada en desmedro de otra pasada en autoridad de cosa juzgada. En este caso, el Fisco sostuvo que existía un pronunciamiento previo en los autos seguidos ante el 13° Juzgado Civil de Santiago, donde el mismo demandante, junto a otras doce personas, había interpuesto una acción indemnizatoria contra el Estado por los mismos hechos.

En dicho proceso, las partes alcanzaron una transacción el 27 de septiembre de 2019, aprobada por la Corte de Santiago, mediante la cual el Fisco se obligó a pagar a cada uno de los demandantes la suma única y total de $24.000.000.-. A juicio del CDE, esta transacción extinguía la obligación resarcitoria por el daño moral reclamado en el segundo juicio.

El Fisco argumentó que en ambos procesos se cumplía la denominada triple identidad exigida para la configuración de la cosa juzgada: identidad legal de personas —al coincidir el actor como demandante y el Fisco de Chile como demandado—; identidad de la cosa pedida —al perseguirse en ambos casos la indemnización por daño moral derivada de responsabilidad civil extracontractual del Estado—; e identidad de la causa de pedir, al fundarse ambas acciones en la misma detención ilegal, prisión política y torturas que el actor afirmó haber sufrido con ocasión del golpe militar de 1973.

Por su parte, la defensa del demandante solicitó el rechazo del recurso. Argumentó que el Fisco no había alegado oportunamente la excepción de cosa juzgada en el juicio respectivo, lo que implicaría la preclusión de su derecho. Además, sostuvo que la transacción celebrada anteriormente no podía considerarse una reparación justa e integral, señalando que otras víctimas de prisión política en la Isla Dawson habrían recibido indemnizaciones cercanas a los $150.000.000.-.

Asimismo, sostuvo que los hechos descritos en ambas demandas no eran idénticos, pues la segunda acción incluía también actos de carácter psicológico que se habrían prolongado hasta la actualidad. Agregó que el avenimiento invocado por el Fisco constituiría una “cosa juzgada aparente”, por haber sido celebrado en condiciones de desigualdad estructural propias del período de transición posterior a la dictadura.