Corte Suprema fija límites al control sancionador en materia de convivencia escolar

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad deducido por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida en contra de la Superintendencia de Educación, acción interpuesta a propósito de la sanción aplicada en el marco de un procedimiento administrativo sancionador iniciado tras una fiscalización efectuada a un establecimiento educacional dependiente de dicha entidad.

El conflicto tuvo su origen en una revisión realizada por la autoridad educativa, a partir de la cual se formularon diversos cargos vinculados a la aplicación de protocolos internos de convivencia escolar y a la falta de cumplimiento de ciertos contenidos mínimos exigidos por la normativa educacional vigente. Como resultado del procedimiento, la Superintendencia mantuvo la imposición de una multa ascendente a 51 UTM, al estimar acreditadas infracciones de carácter menos grave y leve.

La recurrente sostuvo que la sanción aplicada era ilegal y desproporcionada, señalando que los cargos formulados se referían, en primer lugar, a la supuesta falta de correcta aplicación de los protocolos internos de convivencia escolar; en segundo término, a una eventual vulneración de derechos y deberes respecto de los miembros de la comunidad educativa —cargo del cual fue finalmente sobreseída—; y, en tercer lugar, a la omisión de determinados contenidos mínimos exigidos para los protocolos de actuación. Expuso que los hechos que dieron origen al procedimiento se enmarcaban en una situación de alta conflictividad generada por la conducta reiteradamente agresiva de una apoderada en contra de docentes y personal del establecimiento, lo que motivó su exclusión y el cambio de apoderado del estudiante.

En ese contexto, alegó que el establecimiento habría cumplido, dentro de sus posibilidades reales, con las obligaciones que le imponía la normativa educacional, resultando improcedente reprocharle la omisión de medidas que no podía materialmente ejecutar, en particular aquellas que implicaban exigir actos reparatorios a quien había sido apartado del establecimiento por razones de convivencia. Asimismo, afirmó que se efectuaron oportunamente las denuncias y derivaciones pertinentes ante los órganos competentes, se adoptaron medidas pedagógicas y de apoyo adecuadas en favor del estudiante involucrado, y que las observaciones formales detectadas durante la fiscalización fueron subsanadas con posterioridad, lo que hacía improcedente mantener una sanción pecuniaria de la entidad impuesta.

Por su parte, la Superintendencia de Educación solicitó el rechazo del reclamo, sosteniendo que el procedimiento administrativo se tramitó con estricto apego a la legalidad y dentro del marco de sus competencias fiscalizadoras. Señaló que los hechos constatados en la fiscalización gozaban de presunción de veracidad y que el sostenedor incurrió en infracciones al no aplicar correctamente sus protocolos de convivencia escolar y al no cumplir con los contenidos mínimos exigidos por la normativa educacional vigente, circunstancias que —a su juicio— afectaban de manera relevante los derechos de los miembros de la comunidad educativa. Agregó que la subsanación posterior de las observaciones formuladas no resultaba suficiente para enervar la infracción verificada al momento de la fiscalización, toda vez que el control sancionatorio se ejerce atendiendo a la situación existente al tiempo de la inspección. Finalmente, sostuvo que la sanción aplicada se encontraba dentro de los márgenes legales previstos y respondía a criterios de proporcionalidad, considerando la naturaleza de los incumplimientos constatados y la existencia de antecedentes sancionatorios previos de la entidad sostenedora.