El plazo de prescripción de las infracciones administrativas permanentes comienza a contabilizarse desde que ésta termina de cometerse y en el caso de las omisiones cuando han sido subsanadas.

La Corte Suprema desestimó el recurso de apelación impetrado por ESVAL, en contra de la sentencia de la Corte de Valparaíso, que rechazó la reclamación de ilegalidad en contra de la resolución emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que la sancionó al pago de una multa de 400 UTM.

En su libelo, la recurrente señala que la multa fue aplicada porque en la instalación de combustibles líquidos ubicados en camino Tabolango, se incumplió la obligación de mantenerla en buen estado, por no reemplazar los tanques de almacenamiento de combustibles.

Alega que este cargo se encuentra prescrito, pues la obligación de retiro y reemplazo de estanques debió cumplirse en el plazo máximo definido por la SEC, esto es, cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial, lo que ocurrió en octubre del año 2000 cuando se incurrió en la conducta omisiva sancionada y que se la sancionó por el hecho de no haber reemplazado el tanque, pese a que se acreditó que ellos se encontraban en buen estado.