Por grave vulneración a la seguridad y salud pública.
Expulsión del país de ciudadano peruano condenado por tráfico de drogas, se confirma por la Corte Suprema.
La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano peruano en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por dictar la Resolución Exenta de fecha 4 de noviembre de 2022, que ordenó su expulsión del territorio nacional.
El reclamante sostuvo ser residente con permanencia definitiva desde el 10 de abril de 2007, ingresando a Chile desde Perú en el año 2002. Indica que en el país vive con su familia compuesta por su esposa y cuatro hijos, tres de los cuales nacieron aquí y tienen nacionalidad chilena. Añade que trabaja formalmente como fletero y transportista.
No obstante, señala que en marzo de 2021 fue detenido y formalizado por el delito de tráfico de drogas, y el 23 de marzo de 2022, en procedimiento abreviado fue condenado a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y decomiso del camión utilizado para su trabajo.
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