Naturaleza de la acción de protección impide revisar lo actuado en un juicio, puesto que la cautela está entregada al órgano jurisdiccional respectivo.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que desestimó el recurso de protección interpuesto en contra de una jueza del del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo y el Liquidador Titular de la causa, por rechazar el incidente de posposición del pago del crédito de la actora, quien alegó vulneración de las garantías al debido proceso y a no ser discriminada arbitrariamente.

La actora expuso que se desempeñó como jefa de administración para una empresa cuya liquidación forzosa se determinó en marzo del año pasado, siendo despedida en virtud de lo dispuesto en el artículo 163 bis del Código del Trabajo, aseverando que su crédito como trabajadora fue reconocido dentro del plazo legal, con las preferencias establecidos en el artículo 2472 N°5 y N°8 del Código Civil.

Agregó que la jueza recurrida hizo lugar a la petición del liquidador de posponer el primer reparto de fondos para el pago de los créditos preferentes reconocidos en el numeral quinto citado, postergando con ello el pago de su crédito ya reconocido; decisión que impugnó, argumentando que la oportunidad procesal para la objeción de los créditos se encontraba precluida, pues en la etapa en que se encontraban sólo podían resolverse cuestiones de índole aritmética y administrativa del reparto, según lo establecido en los artículos 247 al 253 de la Ley N°20.720.