No procede la extradición pasiva si el delito imputado al requerido no cumple con el requisito de gravedad mínima, resuelve la Corte Suprema.

La Corte de Suprema rechazó el recurso de nulidad y revocó en alzada el fallo que concedía la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ciudadano chileno-mexicano, hacia los Estados Unidos Mexicanos para su juzgamiento, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal del Distrito Federal (Ciudad de México), y en su lugar, desestimó la solicitud.

Se acusa al requerido de haber desplegado acciones constitutivas del delito de enriquecimiento ilícito durante los años 2009 al 2018, periodo en que ejerció diversos cargos públicos y de representación popular. Primero fue diputado local de la IV legislatura; luego ejerció el cargo de diputado federal de la 61° legislatura. Posteriormente asumió como Jefe Delegacional de Coyoacán; y finalmente, ejerció como diputado local en la VII Legislatura de la Asamblea de la Ciudad de México.

El Estado requirente sostiene que, durante el ejercicio en la función pública, el imputado mediante actos de corrupción y extorsión juntó el dinero para comprar en efectivo una finca apreciada en $5.575.000.- de pesos mexicano, en circunstancias que los emolumentos percibidos como funcionario público durante todo el tiempo en que estuvo en ejercicio ascienden a $3.500.000.- de la misma moneda, no constando ninguna actividad económica extraordinaria que justifique el exceso.