Suprema formula reparos a proyecto que sanciona reclutamiento criminal de menores de edad

El máximo tribunal señaló que la condición de víctima que el proyecto otorga al reclutado no elimina la responsabilidad penal que pueda corresponderle por pertenecer a una asociación delictiva o criminal ni por los delitos cometidos en su interior.

Esta situación resulta especialmente relevante respecto de los adolescentes, quienes podrían quedar sometidos a un procedimiento penal conforme a la Ley N°20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente por integrar una asociación criminal o por otros delitos cometidos como parte de la organización y, al mismo tiempo, recibir medidas especiales de protección por haber sido reclutados.

La Corte señaló que el nuevo delito se relaciona estrechamente con las figuras ya existentes de asociación delictiva y criminal, por lo que podría entenderse más bien como una modalidad agravada para quienes, además de integrar estas organizaciones, recluten a otras personas.

También cuestionó que el proyecto no defina concretamente las medidas especiales de protección que podría decretar el juez, ni su duración, requisitos para modificarlas o cesarlas, ni el estándar probatorio necesario para aplicarlas.

Por ello, estimó que estas omisiones deben ser corregidas para permitir una adecuada aplicación y control judicial de las medidas.

La Corte advirtió que el proyecto genera una tensión con el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, porque un menor reclutado puede ser considerado víctima y, al mismo tiempo, ser investigado por integrar la organización criminal o por otros delitos cometidos en ella.

El tribunal señaló que esta doble condición también podría obligar a los organismos de protección a resguardar a integrantes de organizaciones criminales que fueron reclutados por otros miembros.

Además, cuestionó la utilidad práctica de las medidas de protección, ya que el reclutado podría mantener interés en seguir vinculado a la organización. Como estas medidas no pueden imponerse de manera coercitiva, podrían resultar poco eficaces si la persona se niega a aceptarlas y continúa participando en actividades delictivas.

La Corte advirtió que las nuevas medidas de protección se parecen a herramientas que ya contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, como la sujeción a vigilancia, que permite controlar y orientar al adolescente y coordinar apoyos sociales, psicológicos, educativos, de salud y judiciales.

Por ello, estimó más adecuado fortalecer los mecanismos existentes antes que crear nuevas medidas cuyo contenido y alcance no están claramente definidos y cuya aplicación dependería de la voluntad del beneficiario.

Además, señaló que el proyecto entrega nuevas atribuciones a los tribunales, pero no precisa qué medidas concretas podrían decretar para cumplir los objetivos previstos.

El informe advierte que el proyecto aumentaría la carga de trabajo de los juzgados de garantía y tribunales con competencia penal, al generar más actuaciones, revisiones y audiencias.

Por ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial señaló que sería necesario considerar financiamiento adicional para reforzar dotaciones, suplencias y contrataciones.

Aunque no es posible calcular con precisión el impacto antes de la entrada en vigencia de la ley, se anticipa un aumento de causas y audiencias, especialmente en juzgados de garantía que ya enfrentan una importante sobrecarga laboral.

La Corte Suprema valoró el objetivo de sancionar el reclutamiento de personas por organizaciones criminales, especialmente cuando afecta a menores de edad, pero formuló varios reparos al proyecto.

Entre ellos, señaló que el nuevo delito se asemeja a una figura agravada de asociación delictiva o criminal, cuestionó la doble condición de víctima e imputado que podría tener una persona reclutada y advirtió que las medidas de protección propuestas no están suficientemente definidas y podrían tener poca eficacia por su carácter voluntario.

Por ello, estimó preferible reforzar las herramientas ya existentes en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y pidió considerar el impacto presupuestario y la mayor carga de trabajo que la iniciativa generaría para el Poder Judicial.

Vea Informe Corte Suprema, moción Boletín N°18.333-07 y siga su tramitaciónaquí.