Suprema mantiene indemnización de $250 millones a familia de paciente fallecido tras una cirugía

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos por el Servicio de Salud del Bío Bío y el Complejo Asistencial de Los Ángeles, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la condena solidaria al pago de $50 millones a cada uno de los cinco familiares de un paciente fallecido después de una gastrectomía total.

La controversia se originó a partir de la atención prestada a un paciente diagnosticado con cáncer gástrico, quien fue sometido a una intervención quirúrgica en el establecimiento demandado. Después de la operación presentó una dehiscencia de la sutura, esto es, la separación de los tejidos unidos mediante ella, seguida de un shock séptico abdominal y una fibrilación ventricular que causó su fallecimiento.

La cónyuge y los cuatro hijos del paciente interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios contra ambos organismos, atribuyéndoles una atención defectuosa y tardía. Sostuvieron que existieron deficiencias en la sutura y que los signos de deterioro posteriores a la operación debieron conducir a una detección y tratamiento oportunos de la complicación.

Los demandantes solicitaron tanto la reparación del daño moral sufrido personalmente por el paciente, cuya acción estimaron transmitida a sus herederos, como la indemnización del daño moral que experimentaron por la muerte de su cónyuge y padre.

El Servicio de Salud opuso una excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que los hechos ocurrieron en un hospital autogestionado en red, funcionalmente desconcentrado. Ambas demandadas negaron la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad y sostuvieron que la dehiscencia podía responder a diversos factores, entre ellos las condiciones de salud del paciente, sin ser necesariamente consecuencia de una técnica quirúrgica deficiente.

El Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles rechazó la excepción, al considerar que la desconcentración del establecimiento no desvinculaba al Servicio de Salud de las consecuencias patrimoniales de la actividad de los órganos de su dependencia.

En cuanto al fondo, el tribunal tuvo por acreditada la falta de servicio. Consideró que la dehiscencia reconocida por las partes y la secuencia consignada en el certificado de defunción permitían establecer que una atención defectuosa había culminado en el fallecimiento del paciente.

Asimismo, desestimó la fuerza probatoria de las declaraciones de dos médicos que se habían interiorizado de los hechos mediante la ficha clínica. Añadió que las condiciones de salud conocidas del paciente exigían una mayor acuciosidad del equipo tratante en la intervención y en los procedimientos posteriores.

El juzgado rechazó la indemnización solicitada por el daño moral propio del fallecido, al estimar que la acción tenía carácter personalísimo y que su acumulación con el daño por repercusión conduciría a una doble indemnización. En cambio, tuvo por acreditado mediante una presunción judicial el padecimiento de sus familiares y fijó una reparación de $50 millones para cada uno.