SUSESO.
Corresponde aplicar intereses penales y multas a deudores que no efectúen oportunamente la declaración de imposiciones o que realicen declaraciones maliciosamente incompletas o falsas.
No constituye caso fortuito o fuerza mayor la gestión errónea de la declaración por los encargados de la empresa.

Se presentó reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de una mutualidad, mediante el cual se solicitó la condonación de multas e intereses ascendentes a $315.592 por el mes de enero y $225.423 por el mes de marzo, originados por el retraso en la declaración y pago de cotizaciones, ya que -a juicio de la interesada- dichos montos son excesivos y se debió a un error.
Al respecto, la autoridad señala que la empresa recurrente no proporcionó ningún antecedente que permitiera acreditar la existencia de algún motivo que le haya imposibilitado su obligación de pagar las cotizaciones de manera oportuna, habiendo señalado que su retraso se debió únicamente a su negligencia, lo que de manera alguna constituye una situación de fuerza mayor.
Hace presente que, de acuerdo a lo previsto en el Compendio Normativo, si el empleador no efectúa oportunamente la declaración a que se refiere el inciso primero del artículo 22 de la Ley N°17.322 o si ésta es incompleta o errónea, será sancionado con una multa de 0,75 UF por cada trabajador cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Lo anterior, procede, en general, sólo por razones de fuerza mayor.
Te puede interesar

Reconsidera y complementa doctrina.
DT emite pronunciamiento relativo a las razones fundadas de las empresas que no pueden cumplir la obligación de contratar personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez.

Unificación de jurisprudencia desestimada.
Plazo de caducidad de la acción por prácticas antisindicales o desleales cuyos efectos se extendieron en el tiempo, se debe computar desde que éstos finalizan.

No hubo acto arbitrario o ilegal.
Funcionaria que denunció vulneración del derecho a la libertad de expresión por la Dirección del Trabajo, pierde recurso de protección.

