Cámara de Diputados.
Comisión de Trabajo analizó dictamen de Contraloría sobre personal a contrata.
La Contraloría informó que no se pronunciará sobre las renovaciones de contratas en el sector público y la definición de confianza legítima en dichos casos. Con esto, el tema sólo podrá ser revisado en sede judicial.
El miércoles 6 de noviembre la Contraloría General de la República emitió un dictamen que puso en alerta a las asociaciones de funcionarios públicos. En él, la recién asumida contralora, Dorothy Pérez, definió que la entidad ya no se pronunciará sobre las reclamaciones a las renovaciones de contratas en el sector público y el principio de confianza legítima.
El citado texto señala que “no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.
Cabe recordar que en 2018, el anterior contralor, Jorge Bermúdez, emitió un dictamen sobre la desvinculación de funcionarios a contrata que señalaba que la denominada “Confianza Legítima” operaba para un funcionario en esta calidad jurídica cuando el contrato se ha renovado por dos años consecutivos, sin interrupción entre una designación y la siguiente.
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