Ley N°21.302.
Fue publicada en el Diario Oficial ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
El objeto del servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos.

Fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.302, que “crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.”
La ley crea el Servicio, como un servicio público descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El Servicio está sujeto a la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez y forma parte del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
El objeto del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones, asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. En el desarrollo de su objeto, garantiza, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.
Temas
Te puede interesar

Durante varias décadas del siglo XIX el Congreso Nacional tuvo iniciativa para determinar ciertos gastos fiscales.
Erario fiscal: ¿Quién decide cómo se gasta?

Hoy existirían unos 140 mil pacientes en esta condición, 40 mil de ellos tendrían cáncer en su etapa final.
Retiro de fondos previsionales de enfermos terminales avanza a Comisión de Hacienda del Senado.

Moción.
Diputados ingresan proyecto de ley que extiende el grado de parentesco que determina la inhabilidad para acceder a cargos en la Administración del Estado.

