Modifica Código Procesal Penal
Proyecto de ley busca fortalecer persecución del crimen organizado y regular juicios en ausencia del imputado
La iniciativa introduce reglas especiales de valoración probatoria y establece, de forma excepcional, la posibilidad de realizar juicios orales sin la presencia del imputado, resguardando garantías fundamentales

Un proyecto de ley, patrocinado por los senadores Iván Flores, Carlos Ignacio Kuschel, Iván Moreira y Gastón Saavedra, junto a la senadora Paulina Núñez, propone modificar el Código Procesal Penal con el objetivo de fortalecer la persecución penal del crimen organizado y regular el desarrollo del juicio oral en ausencia del imputado, manteniendo el respeto a las garantías fundamentales del sistema acusatorio chileno.
La iniciativa parte de la base de que el sistema procesal penal chileno ha mostrado solidez en la protección de derechos como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defensa, pero advierte que fue diseñado considerando principalmente formas de criminalidad individual, lo que genera dificultades frente a fenómenos de criminalidad organizada, caracterizados por su complejidad, permanencia y capacidad de adaptación.
En este contexto, el proyecto identifica obstáculos en la persecución penal que no se relacionan necesariamente con la falta de herramientas normativas, sino con la necesidad de ajustar criterios de valoración de la prueba a la naturaleza de estas estructuras delictivas, sin alterar los principios del sistema. Señala que, si bien la legislación ha avanzado en técnicas especiales de investigación, persiste un vacío en la apreciación de indicios estructurales que permitan acreditar la existencia de organizaciones criminales y la participación de sus integrantes.
La propuesta no modifica el estándar probatorio vigente ni la carga de la prueba del Ministerio Público, reafirmando que la convicción condenatoria debe formarse más allá de toda duda razonable conforme a la sana crítica. Sin embargo, precisa que en casos de criminalidad organizada la prueba indiciaria puede adquirir especial relevancia cuando se trate de antecedentes múltiples, precisos, graves y concordantes apreciados en conjunto.
Asimismo, el proyecto incorpora una definición legal de criminalidad organizada, entendida como la actividad de una asociación estructurada de tres o más personas, de carácter estable en el tiempo, que actúe coordinadamente para cometer delitos graves con fines económicos o de poder, con el propósito de delimitar su aplicación y evitar extensiones indebidas.
Por otra parte, la iniciativa aborda la situación de imputados que, pese a tener conocimiento del proceso y haber sido debidamente emplazados, se sustraen deliberadamente de la acción de la justicia, lo que genera paralización del sistema penal. En estos casos, se propone regular el juicio oral en ausencia, estableciendo que solo podrá desarrollarse de manera excepcional y bajo requisitos copulativos, previa resolución fundada del tribunal.
Entre estos requisitos se contempla que el imputado haya tenido conocimiento efectivo del procedimiento, que haya sido emplazado en más de una oportunidad y que su incomparecencia sea deliberada. Además, se establece un control jurisdiccional previo para resguardar el derecho a defensa, debiendo el tribunal verificar que no exista una afectación sustancial a esta garantía.
El proyecto también dispone que la ausencia del imputado no podrá ser considerada como un indicio de culpabilidad y garantiza el derecho a un nuevo juicio oral en caso de que el condenado en ausencia comparezca posteriormente, salvo que haya renunciado de forma expresa e informada a este derecho.
En materia de defensa, se asegura que el imputado ausente contará con defensa técnica durante todo el procedimiento, con plenas facultades de intervención, contradicción, rendición de prueba y alegación. Asimismo, se refuerza el deber del juez de garantía de ejercer un control activo del respeto de los derechos fundamentales, especialmente en procedimientos vinculados a criminalidad organizada o desarrollados en ausencia del imputado.
Finalmente, el proyecto contempla la procedencia del recurso de nulidad cuando el juicio oral en ausencia se haya realizado sin cumplir los requisitos legales o con afectación sustancial del derecho a defensa, reforzando así los mecanismos de control judicial.
La iniciativa se enmarca en el modelo procesal vigente, introduciendo ajustes específicos destinados a mejorar la eficacia del sistema frente a formas complejas de criminalidad, sin alterar sus principios estructurales ni el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Vea texto moción Boletín N° 18.144-07 y siga su tramitación aquí,
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