Proyecto de ley busca obligar a propietarios de vehículos a registrar un correo electrónico para recibir notificaciones de Juzgados de Policía Local

Frente a ello, el proyecto plantea la necesidad de contar con un canal digital que permita conocer la trazabilidad de las comunicaciones y que sea interoperable con el Registro Civil, de manera que pueda garantizarse la recepción de las notificaciones sin depender exclusivamente del correo postal ni de una solicitud previa del denunciado.

Los autores señalan que la legislación chilena ya ha reconocido la comunicación electrónica directa en procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. Como ejemplo mencionan la Ley N°21.539, conocida como Ley CATI, que permite notificar por correo electrónico las infracciones detectadas por el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones cuando el propietario haya registrado esa información.

También citan las leyes N°21.693 y N°21.779, relativas al voto obligatorio y a procesos electorales, que permiten a los Juzgados de Policía Local citar por correo electrónico a electores que no cumplieron con su deber de votar, utilizando los datos de contacto proporcionados por el Servicio Electoral. Para la moción, estos precedentes demuestran que el ordenamiento jurídico ya ha comenzado a superar el uso exclusivo de la carta certificada física en procedimientos masivos ante estos tribunales.

En el ámbito comparado, el proyecto menciona como referencia la Dirección Electrónica Vial utilizada por la Dirección General de Tráfico de España. Bajo ese modelo, cada propietario de un vehículo cuenta o debe constituir una casilla digital vinculada al registro vehicular, a la que se envían prioritariamente las infracciones detectadas mediante fotorradares o cámaras. La notificación produce efectos cuando existe confirmación de entrega o acceso a la casilla, lo que, según la moción, permite una comunicación más inmediata, facilita el acceso a descuentos por pronto pago y evita que las personas descubran inesperadamente las multas al renovar sus permisos.

La propuesta señala que sus modificaciones se limitan a los requisitos de inscripción y actualización de los datos de los propietarios establecidos en la Ley de Tránsito y a las reglas procesales de la Ley N°18.287. Agrega que la reforma se encuentra dentro de las facultades del legislador para regular las formas de los procedimientos judiciales y las garantías del debido proceso, y que no generaría gasto para el Estado. Por el contrario, sus autores estiman que podría producir ahorros para las municipalidades y el sistema judicial al disminuir el uso del correo postal.

La idea central del proyecto consiste en hacer obligatorio el registro de un domicilio digital en el Registro de Vehículos Motorizados y utilizarlo de manera prioritaria para la primera citación en procedimientos regulados por la Ley N°18.287. La iniciativa también busca impedir que una persona sea juzgada en rebeldía cuando la notificación postal física no haya sido efectivamente entregada, con el propósito de resguardar su derecho a defensa.

En concreto, la propuesta modifica la Ley N°18.290 de Tránsito para establecer que, al solicitar la inscripción de un vehículo, realizar una transferencia de dominio, renovar el permiso de circulación o efectuar la revisión técnica, el propietario o adquirente deberá verificar y, cuando corresponda, actualizar un domicilio digital consistente en una dirección de correo electrónico. Ese correo se utilizará para las comunicaciones y notificaciones judiciales previstas por la ley.

Asimismo, el proyecto modifica la Ley N°18.287 para establecer que las infracciones sean notificadas válidamente mediante una comunicación enviada al domicilio digital registrado por el propietario del vehículo. Si alguna de las partes no concurre al procedimiento, el tribunal deberá enviar una nueva comunicación a ese correo electrónico y dejar constancia de ello en la causa.

También se propone modificar el artículo 18 para incorporar el envío al domicilio digital dentro del sistema de notificación y permitir que la dirección electrónica utilizada para otras comunicaciones procesales sea la misma registrada como domicilio digital u otra diferente.

De esta manera, la iniciativa busca complementar el sistema tradicional de notificaciones con un mecanismo digital obligatorio y actualizado, evitando que las deficiencias en la entrega de cartas certificadas permitan que procedimientos por infracciones de tránsito avancen sin conocimiento efectivo del denunciado. Su objetivo, según la moción, es fortalecer el emplazamiento, el derecho a defensa y el debido proceso ante los Juzgados de Policía Local.

Vea texto moción Boletín Nº18.596-06 y siga su tramitación aquí.