Proyecto de ley sobre prevención de incendios forestales queda listo para debate en la Sala del Senado

La iniciativa busca establecer nuevos instrumentos y reforzar los existentes para prevenir, mitigar y reducir el riesgo de incendios forestales en el país, dentro de la fase de mitigación prevista en la ley N° 21.364.

Para ello dispone que todas las normas y medidas se regirán por principios como el científico —basado en la mejor evidencia y avances tecnológicos—, corresponsabilidad y participación entre actores públicos, privados y comunidad organizada coordinados por el Servicio, enfoque preventivo, territorialidad, educación y difusión, y coordinación para maximizar la eficacia de las acciones.

El texto incorpora definiciones técnicas clave —como amenaza de incendio, combustible, cortafuego, fajas cortacombustibles, incendio forestal, mitigación, prevención, quema controlada y quema prescrita, silvicultura preventiva, vulnerabilidad, zonas de amortiguación y zonas de interfaz urbano-rural— y establece que los instrumentos y medidas deberán revisarse y actualizarse periódicamente según información científica, tecnológica y aportes de comunidades y actores del territorio. Las referencias al “Servicio” se entienden hechas al Servicio Nacional Forestal.

En materia territorial, ordena que los planes reguladores intercomunales, comunales o seccionales definan zonas de interfaz urbano-rural en áreas de riesgo medio, alto o crítico, fijando normas para edificaciones, actividades y manejo de vegetación. Para ello, municipalidades y SEREMI de Vivienda deberán informar al Servicio, el que, mediante resolución fundada y en un plazo máximo de seis meses, indicará las acciones o medidas a incorporar considerando, entre otros factores, pendiente, densidad poblacional y de edificaciones, exposición, densidad de vegetación, niveles de amenaza y vulnerabilidad, y aportes de la comunidad. Un reglamento de Agricultura y Vivienda regulará el contenido y criterios técnicos. Se exige actualización periódica de estas zonas según variación del riesgo, y el Servicio deberá monitorear e informar la necesidad de ajustes. Una vez vigente la zona, los proyectos nuevos deberán cumplir las normas del plan y sus permisos se regirán por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Las medidas deberán ser proporcionales al riesgo y los propietarios serán responsables de implementarlas, con notificación conforme a la ley N° 19.880 y, en zonas rurales, también mediante avisos en el Diario Oficial, además de difusión local. La fiscalización y sanción se sujetará a reglas urbanísticas y los municipios podrán convenir con el Servicio labores fiscalizadoras.

Entre los instrumentos de gestión, se contempla un Análisis Nacional de Riesgo por Incendios Forestales, dictado periódicamente por resolución fundada, y una pauta obligatoria de prescripciones técnicas para aprobar instrumentos de gestión forestal, pública y actualizable. Se impone la obligación de contar con un plan de manejo preventivo para predios con plantaciones, bosque nativo o formaciones xerofíticas sin instrumento aprobado, cuando se ubiquen en áreas de amenaza alta o crítica, incluido en zonas de interfaz y de amortiguación, con medidas como cortafuegos, fajas cortacombustibles y despeje de material combustible. Podrá cumplirse esta exigencia mediante normas generales preventivas dictadas por el Servicio, y se prevé asistencia técnica, especialmente para pequeños propietarios forestales y pequeños productores agrícolas.

Fuera de los límites urbanos, el Servicio podrá definir zonas de amortiguación por resolución fundada para establecer acciones de prevención y mitigación en áreas de riesgo no incorporadas a zonas de interfaz. Estas zonas deberán revisarse y actualizarse, y podrán incluir medidas como cortafuegos, fajas cortacombustibles, podas, raleos, extracción de combustible vegetal y manejo de residuos. El cumplimiento será responsabilidad de los propietarios, con criterios de factibilidad; el Servicio podrá asistir técnicamente y, ante incumplimiento, ejecutar medidas incluso con auxilio de la fuerza pública, debiendo indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado conforme al procedimiento expropiatorio del artículo 19 N° 24 de la Constitución. Se establecen excepciones para quienes cuenten con instrumentos aprobados que contemplen medidas idóneas. Además, se regula el uso del fuego, limitándolo a quema controlada, quema prescrita u otras determinadas por el Servicio, con posibilidad de prohibición temporal mediante resolución fundada y sanciones conforme al Decreto N° 4.363.

La iniciativa incentiva sistemas de agroforestería para propietarios sujetos al decreto ley N° 2.565 y permite solicitar la desafectación de terrenos de aptitud preferentemente forestal para destinarlos a actividades agroforestales, con requisito de destinar permanentemente al menos un 30% del terreno. Se contemplan reglas de reintegro: exención para pequeños y medianos propietarios, y reintegro del 75% para otros.