Seguridad y crimen organizado
Reforma constitucional busca endurecer medidas contra el crimen organizado y ampliar el estado de emergencia
La iniciativa de los senadores Arturo Squella, Pedro Araya, Andrés Longton, Karim Bianchi e Iván Flores propone incorporar el crimen organizado al artículo 9 de la Constitución, establecer regímenes penitenciarios especiales para internos de alta peligrosidad y ampliar las facultades…
La iniciativa de los senadores Arturo Squella, Pedro Araya, Andrés Longton, Karim Bianchi e Iván Flores propone incorporar el crimen organizado al artículo 9 de la Constitución, establecer regímenes penitenciarios especiales para internos de alta peligrosidad y ampliar las facultades presidenciales para decretar estados de emergencia ante amenazas graves o inminentes a la seguridad.
La reforma busca reconocer expresamente el crimen organizado como una actividad contraria a los derechos humanos y encargar a la ley la determinación de los delitos que comprende. Para ello, considera la participación en organizaciones que actúen sostenidamente en el tiempo y tengan entre sus fines cometer delitos, así como los ilícitos ejecutados en el marco de sus actividades.
También propone que las personas condenadas o en prisión preventiva por estos delitos, terrorismo u otros que determine la ley puedan quedar sujetas a un régimen penitenciario especial cuando sea necesario para impedir que continúen operando desde las cárceles. Este podrá incluir separación del resto de la población penal y restricciones a las comunicaciones, visitas y beneficios intrapenitenciarios.
Además, plantea graduar las inhabilidades y la improcedencia del indulto particular según la gravedad del delito y la posición del responsable en la organización. Estas consecuencias solo se aplicarían a hechos cometidos después de la entrada en vigencia de la ley que determine los delitos de crimen organizado.
La iniciativa reemplaza el artículo 42 de la Constitución para permitir que el Presidente de la República declare estado de emergencia ante una grave alteración o peligro grave e inminente para el orden público, o frente a un daño grave, actual o inminente para la seguridad nacional.
La medida podrá extenderse por un máximo de 30 días. Sus prórrogas requerirán autorización del Congreso Nacional y podrán concederse por períodos sucesivos de hasta 30 días. Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarán bajo la dependencia del jefe de la Defensa Nacional designado por el Mandatario.
El Presidente deberá informar por escrito a ambas cámaras, al menos cada 15 días, sobre las razones para mantener la medida, las acciones adoptadas y sus resultados.
El Congreso también podrá dejar sin efecto el estado de emergencia o sus prórrogas si desaparecen las circunstancias que lo justificaron o estas dejan de tener la gravedad exigida por la Constitución. La solicitud deberá contar con el respaldo de al menos una cuarta parte de los integrantes en ejercicio de cualquiera de las cámaras, que tendrán cinco días para pronunciarse. La revocación requerirá la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de ambas.
La reforma, además, modifica el artículo 54 de la Constitución para precisar la intervención del Congreso en los estados de excepción y establece que las medidas de emergencia vigentes al publicarse el cambio constitucional se regirán por las normas anteriores hasta el término del período autorizado. Las prórrogas posteriores deberán ajustarse a las nuevas reglas.
Mientras no entre en vigencia la ley que regule los regímenes penitenciarios especiales, continuarán aplicándose las normas actuales sobre seguridad de las personas privadas de libertad.
Los senadores llamaron a alcanzar un acuerdo transversal en materia de seguridad. Arturo Squella sostuvo que no pueden permanecer indiferentes ante la delincuencia; Pedro Araya expresó su expectativa de sumar apoyos más allá de las diferencias políticas; y Andrés Longton afirmó que la reforma servirá de base para posteriores proyectos de ley.
Karim Bianchi llamó al diálogo y a examinar la iniciativa antes de criticarla, mientras que Iván Flores destacó la necesidad de actuar conjuntamente para proteger al país.
La propuesta busca fortalecer las herramientas constitucionales contra el crimen organizado y establecer mayores controles sobre el uso del estado de emergencia, con participación del Congreso Nacional.
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